Otra de las propuestas de norma constitucional que se presentaron antes del cierre del plazo en la Convención Constitucional fue la creación de un Servicio Nacional de Fe Pública, que reemplace el actual de notarios y conservadores.
La iniciativa es de ocho representantes de RN, Evópoli e independientes. Su objetivo, explican en el documento, es que los miembros de este sistema hagan de ministros de fe a lo largo de todo el país, con fácil acceso y bajo costo, utilizando la tecnología de punta disponible para ello.
Añaden que se designará a «funcionarios públicos escogidos por mecanismos objetivos y fundados en el mérito, que garanticen probidad, competencia y espíritu de servicio, que actúen de modo transparente y debidamente fiscalizados, terminando con el negocio de la fe pública en que han convertido a esta actividad algunos privilegiados por su nombramiento».
Entre los antecedentes expuestos como base para la propuesta se señala que el sistema notarial y registral «ha sido objeto de cuestionamiento desde hace largo tiempo», lo que se ha visto acrecentado, señala el documento, debido a un informe de la Fiscalía Nacional Económica de 2018, que entre otras cosas reveló que los ingresos de los notarios entre 2015 y 2017, en promedio, fueron iguales o superiores a $14 millones mensuales, mientras que en Santiago esta cifra llegaba a los $24 millones.
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A ello se suma el debate surgido a raíz del proyecto de reforma al sistema de notarios presentado por el actual gobierno que, «no obstante ser aprobado por la Cámara de Diputados, no ha tenido tramitación en el Senado en más de dos años, a pesar de las urgencias de la que fue objeto». «Si bien es efectivo que el sistema ha dado seguridad y certeza jurídica, ello se refiere a unos pocos trámites que llevan las notarías, como son las escrituras públicas y documentos protocolizados, sin embargo, la inmensa mayoría son meras certificaciones que constituyen importantes ganancias para las notarías», plantea el documento, y se agrega que «hay notarios que han convertido a la fe pública en un negocio personal, prestando un servicio de baja calidad, con altos tiempos de espera, poca tecnología, perjudicando así a los ciudadanos».
En materia de nombramientos, el sistema ha sido cuestionado, afirma el documento, «porque históricamente ha favorecido mayoritariamente a personas vinculadas a funcionarios del Estado, muchos del Poder Judicial o del Congreso (…) Resulta necesario terminar con un sistema que favorece el amiguismo y el clientelismo», mientras que en el ámbito de la transparencia ha sido criticado por «su opacidad, falta de rendición de cuentas en el nombramiento y en el ejercicio del cargo, así como por la concentración de los mercados».