Interrupción voluntaria del embarazo.
Corte Constitucional de Colombia despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
La disposición penal colisiona con otros derechos y libertades, afectando intensamente el derecho a la salud, la libertad de conciencia y los derechos reproductivos.

La Corte Constitucional de Colombia declaró la inconstitucionalidad de parte del artículo 122 del Código Penal colombiano, que penaliza el aborto y resuelve que la conducta de abortar prevista en él, solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta semana de gestación, límite temporal que no procederá en caso de que el embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida o cuando el embarazo sea el resultado de una violación debidamente denunciada.
La Corte tuvo presente que la finalidad del artículo 122 del Código Penal consiste en proteger el bien jurídico de la vida en gestación. No obstante, la disposición penal colisiona con otros derechos y libertades, afectando intensamente el derecho a la salud contemplado en el artículo 49 de la Carta Magna colombiana y los derechos reproductivos, cuyo reconocimiento se encuentra en los artículos 42 y 16 de la misma, pese a existir medios más efectivos para proteger, respetar y garantizar aquella finalidad constitucional y que no generan una afectación tan intensa en los derechos reproductivos y a la salud.
Añade el fallo que, la potestad del legislador en materia penal no es absoluta y sus límites se hacen más evidentes cuando la tipificación de conductas como delitos interfiere en el ejercicio de libertades intrínsecamente asociadas a la dignidad humana, entre ellas, la libertad de conciencia consagrada en el artículo 18 de la Carta Magna. Precisa que, la libertad de conciencia, en lo que concierne a la decisión de procrear o de no hacerlo, es un asunto personalísimo, individual e intransferible que forma parte de las dimensiones de los derechos reproductivos, concretamente la autonomía reproductiva respecto de la cual le está prohibido intervenir al Estado o a los particulares haciendo uso de la coacción o de la violencia.
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