Tribunal Constitucional de España acoge protección de mujer obligada a desnudarse durante su detención por una causa de familia.

El Tribunal Constitucional de España acogió un recurso de protección deducido por una mujer que fue obligada a desnudarse durante un procedimiento de detención por la no entrega de sus hijas al padre que detenta su cuidado personal. Alega que denunció los hechos, pero no fueron investigados por la autoridad.

El Tribunal tuvo presente la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la cual ha establecido que quien, en calidad de ofendido, promueve la actividad jurisdiccional tiene derecho a una respuesta judicial razonada, que bien puede ser el sobreseimiento o archivo de las actuaciones, pues este derecho, es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que le ponga término anticipadamente, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de ilicitud penal. Añade que, en los supuestos en los que el valor superior de la dignidad humana puede verse comprometido con motivo de una situación especial en la que el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia física del Estado, es necesario acentuar las garantías, de tal modo que el ordenamiento constitucional pueda amparar al ciudadano fácticamente desprotegido ante cualquier sospecha de excesos contra su integridad física o moral. Por tal motivo, no iniciar una investigación por la denuncia de tratos inhumanos o vejatorios vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues la autoridad está obligada a agotar todos los medios de indagación.

Asimismo, el Tribunal precisó que, pese a que los policías a cargo del procedimiento informaron que el tribunal de familia no ordenó la revisión con la detenida desnuda, la denuncia de los hechos fue sobreseída tras considerar la instructora que la investigación había sido suficiente, que los hechos denunciados no habían quedado debidamente acreditados ni, de haberlo sido, serían penalmente relevantes, por no constituir un atentado a la integridad moral de acuerdo con los supuestos del artículo 175 del Código Penal.