La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad deducido por la Municipalidad de Maipú y mantuvo la reserva de la información sobre deudores municipales morosos de la comuna, solicitada por ley de transparencia.
El fallo señala que forzoso es concluir que la Municipalidad de Maipú, en cuanto órgano del Estado, debe cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los que se verían afectados por la divulgación solicitada, por lo que se encuentra legitimada para denegar dicha información pedida en mérito de aquella norma de excepción contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285. Asimismo, en mérito del mismo fundamento, se encuentra habilitada para reclamar de la decisión del Consejo de Transparencia por cuanto precisamente la información ordenada entregar resulta ser idónea para afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera privada o derechos de carácter comercial o económico que pudiera afectar su honra, pues en caso contrario irrogará un perjuicio difícil de subsanar.
La resolución agrega que en relación a aquella alegación de la requerida consistente en que la cantidad de deudores morosos afecta directamente las arcas Municipales, por lo que es procedente efectuar un control ciudadano al respecto, debe necesariamente considerarse que es la Contraloría General de la República aquella institución encargada de tal acometido, por lo que no este planteamiento no permite modificar lo que se ha razonado.
Por tanto, se resuelve que se acoge el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Ilustre Municipalidad de Maipú, declarándose que se deja sin efecto la Decisión de Amparo Nº C-4147-21 y C-4148-2021 del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, denegándose en consecuencia, la entrega de la información requerida.
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Decisión acordada con el voto en contra del ministro Mera, quien afirma que, además de errada, la afirmación de la Municipalidad de Maipú adolece de vaguedad, pues carece de contenido al indicar, sin más, que los aludidos derechos de «los ciudadanos» se verían afectados, sin especificar de qué manera ello sucedería con la revelación de la información, lo que resulta indispensable para determinar, en cada caso, la concurrencia de la causal de secreto o reserva.