La Corte Suprema de Estados Unidos (EE. UU.) confirmó la pena de muerte para el terrorista Dzhokar Tsarnaev, culpable del atentado con bombas incendiarias ocurrido durante la maratón de Boston en 2013 que causó la muerte de tres personas y doscientos ochenta y dos heridos.
La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones Federal que rechazó aplicar la pena de muerte impuesta por el fallo de primera instancia, tras desestimar las faltas al debido proceso alegadas en el proceso, entre ellas, la falta de un juez y jurado imparcial altamente influenciado por la cobertura de la prensa, lo que vulneró el debido proceso consagrado y garantizado en la Sexta Enmienda Norteamericana.
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La Corte refirió que, es deber del tribunal de distrito llevar a cabo un proceso exhaustivo de selección del jurado que le permita al juez evaluar si cada posible miembro del jurado debe ser creído cuando dice que no se ha formado una opinión sobre el caso, esto permite establecer un criterio objetivo al momento de enfrentar un determinado proceso. No obstante, el tribunal reconoce que, al momento de efectuarse el juicio de instancia, la población estaba sumamente expuesta a la cobertura mediática de los atentados, lo que causó preocupación respecto al énfasis del jurado.
Enseguida, refiere que la basta experiencia jurisprudencial, permite concluir que, pese a la influencia mediática, el jurado sería capaz de actuar imparcialmente y concertar un veredicto en base a la prueba legalmente aportada en el proceso, pues las personas seleccionas fueron sometidas a un exhaustivo análisis respecto a su objetividad y eventuales opiniones previamente constituidas que podrían ocasionar un prejuzgamiento. Añade que el juez, proporcionó instrucciones enfáticas y claras sobre el deber jurado de cada miembro del jurado de decidir los asuntos únicamente sobre la evidencia presentada en audiencia pública.
En definitiva, el máximo Tribunal de Estados Unidos revocó el fallo de la Corte de Distrito y resolvió que el acusado fue sometido a un juicio justo frente a un jurado imparcial, de acuerdo con lo consagrado por la Sexta Enmienda pese a los delitos horrendos que cometió en contra de víctimas inocentes, razón suficiente para reestablecer la pena de muerte.