El Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva la pena de prisión por aborto, que solo se permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro.
La Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o iniciativa 5272, también prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.
Fue aprobada en la noche de este martes por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo ocho legisladores de 160 votaron en contra.
Para que entre en vigor, deberá ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei. Todavía no está claro si el mandatario la ratificará, pero muchos miembros (102) de su partido, el grupo conservador Vamos, votaron a favor.
Según la ley, las mujeres que «se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo» enfrentarán un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas.
La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 hasta su aprobación este martes, aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo.
De igual forma, la normativa prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.
El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, dijo a periodistas en la noche de este martes que la ley «viola los derechos humanos» y «viola acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala».
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Rodas dijo que plantearán una «acción de inconstitucionalidad» ante las autoridades para que la normativa «no tenga efectos».
El funcionario añadió que los políticos «hablan de la familia y la vida» cuando «en la práctica hacen otras cosas».
El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse «considerando» la «existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana».
La Ley Para la Protección de la Vida y la Familia fue presentada en 2017 por el legislador de la bancada conservadora Viva, Aníbal Rojas.