La Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, el mensaje que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural.
La votación alcanzó 62 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones en las disposiciones generales. Mientras que las normas de quórum calificado, referidas a atribuciones de tribunales, alcanzaron 64 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones, por lo que fueron rechazadas al no alcanzar el mínimo requerido (77 votos).
Cabe recordar, que el proyecto fue ingresado en 2019 y que, en marzo de 2021, se presentó una indicación sustitutiva del Ejecutivo. Dicho texto se aprobó en general en la Comisión de Cultura, en mayo 2021, y obtuvo el respaldado, esta semana, de la Comisión de Hacienda.
La normativa propuesta viene a actualizar la Ley de Monumentos Nacionales (17.288), de 1970. Así, contempla una visión integral y dinámica de los bienes culturales en su territorio, junto con mecanismos para velar por su gestión y conservación.
Principales aspectos del proyecto
El objetivo de la iniciativa es la regulación de la identificación, reconocimiento, protección, salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural.
Entendido este último, como manifestaciones materiales y elementos inmateriales representativos de las diversas expresiones sociales y culturales, presentes y pasadas, que se encuentran en el territorio chileno. Y que contribuyen a construir identidades, fortalecer comunidades y que son trasmitidas de una generación a otra.
Se entregan así, herramientas y recursos para la protección efectiva del patrimonio, con foco en la gestión, procedimientos y plazos. Igualmente, se contempla el equilibrio con representantes del sector público y la sociedad civil en el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y en los Consejos Regionales.
También, se refuerza la participación ciudadana en procedimientos de declaratoria y se potencia un mayor vínculo con los municipios.
Además, el texto amplía las categorías de protección incluyendo paisajes e itinerarios culturales y sitios de memoria; e innova en la protección, la propiedad intelectual de cultores y comunidades de patrimonio inmaterial. Además, contiene disposiciones sobre el tráfico ilícito de bienes culturales y sanciones para ello.
Exenciones tributarias e institucionalidad
El proyecto contempla exenciones tributarias del 50% en el pago del impuesto territorial para monumentos históricos con fines comerciales o museos privados. También incluye beneficios tributarios de impuesto a la renta para dueños de determinados inmuebles patrimoniales por su mantención. Igualmente, presenta beneficios de la Ley de Donaciones para el Fondo del Patrimonio.
Por otra parte, considera subsidios al patrimonio cultural para financiar obras de mantención, rehabilitación y restauración del patrimonio inmueble. De igual modo, apoyará obras en inmuebles de conservación histórica o ubicados en zonas patrimoniales o de conservación histórica.
La nueva institucionalidad estará conformada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural. Adicionalmente, la integran la Secretaría Técnica Nacional del Patrimonio Cultural, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
A nivel regional, estará conformada por las Seremis del ramo, las Secretarías Técnicas Regionales y los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además estarán las Direcciones Regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, los gobiernos regionales y las municipalidades.
Entre varias normas, se modifican diversos procedimientos y se incorporan elementos del patrimonio cultural inmaterial al inventario. Asimismo, se crean los registros regionales de patrimonio cultural inmaterial y el inventario del patrimonio cultural en Chile. Junto a ello, define instrumentos de gestión patrimonial, los que son el plan de gestión patrimonial y plan de salvaguardia.
La supervigilancia corresponderá a las municipalidades y a las Secretarías Técnicas Regionales.
El proyecto considera efectos en el presupuesto fiscal a través de dos fuentes, modificaciones institucionales y menores ingresos por exenciones tributarias. Las reasignaciones del Ministerio de las Culturas demandan un gasto de más de nueve mil millones de pesos.
Noticia Relacionada
Debate
Luego del informe de la Comisión de Hacienda, rendido por el diputado Miguel Mellado, intervinieron otros legisladores que explicaron parte de la problemática patrimonial actual y los principales problemas en la tramitación.
Luciano Cruz-Coke se refirió la tragedia patrimonial por el deterioro de monumentos y edificaciones. Por ello, valoró que se avance en procesos de participación ciudadana, en establecer nuevas categorías e incentivos tributarios para su mantención y restauración.
Por su parte, las diputadas Marisela Santibáñez, Emilia Nuyado y Carolina Marzán manifestaron su rechazo al proyecto por la no realización de la consulta indígena de acuerdo al Convenio 169, comprometida por la cartera de cultura. También, lamentaron que la calificación de urgencia haya invisibilizado el acucioso trabajo de la Comisión de Cultura, que escuchó a cientos de organizaciones, que se oponen a la iniciativa. Finalmente, se anunció reserva de constitucionalidad.
Vea mensaje, discusión y análisis Boletín Nº12712.