El Tribunal Supremo de España resolvió que la Comunidad autónoma de Madrid debe hacerse cargo del pago de 1.4 millones de euros por concepto de gastos incurridos en la búsqueda de un cadáver en un vertedero, toda vez que constituye un gasto necesario para el funcionamiento, puesta en marcha y consecución de los objetivos de la Administración de Justicia.
El Tribunal sostuvo que los gastos generados en el marco de una investigación penal deben ser calificados como gastos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, si no se consideraran de este modo se vería afectado el funcionamiento de los procedimientos penales. Este deber de colaboración, auxilio y acatamiento de los mandatos judiciales, que se recoge en normas de rango constitucional, orgánico y ordinario, se ve acompañada de una serie de disposiciones que establecen la obligación de la Administración.
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A mayor abundamiento, los órganos de la administración tienen el deber de colaborar con las autoridades judiciales en el ámbito de un proceso penal, esto los obliga a colaborar en el descubrimiento del delito, elementos del mismo, entre otros, y, en este caso, este deber se vio concretado en las labores necesarias para el hallazgo del cuerpo en el vertedero.
Lo anterior, aclara el Tribunal, no obsta a que tales gastos puedan ser incluidos en las costas del proceso penal, pues estas comprenden los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales, por ello, no hay dificultad en entender que la Administración, pese a prestar una obligada colaboración con la instrucción judicial en la búsqueda del cuerpo de la víctima haya generado derechos a su favor que puedan ser incluidos en las costas.
En definitiva, el Tribunal Supremo ordenó a la Comunidad autónoma de Madrid que proceda con el pago de los gastos ocasionados por la búsqueda del cadáver en el vertedero, ya que los gastos generados en un procedimiento penal son necesarios para el correcto funcionamiento de la administración de justicia.