La labor de coordinación entre servicios públicos es una obligación que impone la ley pero que no dice relación con la capacidad procesal de un organismo administrativo para ser demandado civilmente.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la acción por falta de legitimación pasiva del demandado.

La Sociedad Jorge Claro Cortés e Hijos Limitada interpuso demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Fisco de Chile, debido a que en el año 2013 participó de la convocatoria para la postulación a los beneficios que entregaba el Programa Especial de Renovación de Buses. En ese contexto, el Gobierno Regional emitió un Certificado en el que se expresa que el bus que postuló cumple con los requisitos y criterios de selección, determinándose un valor de compra de $9.700.000, procediendo a la entrega del vehículo a un chatarrizador para su destrucción.

Luego de esto, la recurrente impetró el subsidio al cual tenía derecho acompañando todos los antecedentes que acreditan el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio, sin embargo, a la fecha ni el Gobierno Regional ni la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones han cumplido con hacer la entrega del valor del subsidio.