Ante la Comisión de Recursos Hídricos expusieron el director (S) de la Dirección General de Aguas, Cristián Núñez, junto a la jefa del Departamento de Fiscalización, Carmen Herrera.
Ambos personeros detallaron el proceso de gestión de la escasez hídrica y las fiscalizaciones. También, qué cambios ocurrirán cuando entre en vigencia el nuevo Código de Aguas.
Cristián Núñez dijo que es un escenario complejo. En todo caso, sostuvo que la DGA buscará asegurar el abastecimiento humano y reducir al mínimo los daños causados por la sequía. Ello, al amparo del artículo 314 del Código de Aguas, que es la única normativa específica que habla sobre escasez hídrica.
A su turno, Carmen Herrera manifestó que el nuevo Código de Aguas “nos propone varios desafíos, principalmente, asociados al consumo humano, pero también a la preservación ecosistémica”. En ese sentido, se refirió en particular a los cambios en el artículo 314.
Ambos enfatizaron que se está tratando de manera excepcional una situación que se viene desarrollando de forma permanente en los últimos 13 a 14 años: la sequía.
Herrera destacó que el nuevo Código amplía la facultad del Presidente de la República para declarar zona de escasez hídrica, de seis meses a un año y que sea renovable.
Asimismo, subrayó que la prioridad en el nuevo cuerpo legal es el consumo humano, saneamiento o uso doméstico de subsistencia. También aborda la relación con las organizaciones de usuarios.
La encargada de fiscalización detalló, luego, la experiencia que se lleva a cabo en la provincia del Choapa. En la localidad, se avanzó en mejorar la información hacia la comunidad. Asimismo, se creó un plan de vigilancia y la coordinación entre organismos como la Dirección de Obras Hidráulicas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por último, se trabajó con las organizaciones de usuarios en el apoyo a la distribución y solución de conflictos.
En la sesión se expuso, igualmente, el caso de la cuenca del Río Aconcagua y cómo se está apoyando otros sectores como Caburga.
Para concluir, el director Núñez señaló que debe propenderse a una gestión integrada de la escasez hídrica, lo que resulta ser un proceso altamente complejo. En tal plano, resalta la necesidad de contar con la mayor cantidad de información actualizada.
Añadió que requiere reconocer la necesidad de redestinar funcionarios y funcionarias a otras labores. De igual modo, resaltó la importancia de las organizaciones de usuarios, que permiten mitigar los efectos.
Fiscalizaciones
En la sesión, las y los diputados consultaron por las fiscalizaciones realizadas. Al respecto, Carmen Herrera detalló que, en el caso de Coquimbo y Aconcagua, existen seis fiscalizadores, pero dos de ellos están a honorarios. Ello implica que no pueden ser ministros de fe. Pese a ello, indicó que se han entregado las mejores herramientas a los inspectores. Sin embargo, el proceso es lento y la aplicación efectiva de las multas puede tardar más de un año, entre recursos administrativos y judiciales.
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Aun así, informó que en 2021, en la región de Coquimbo se abrieron 203 expedientes de fiscalización, mientras que en Valparaíso, 180. Explicó estas son las dos regiones donde más expedientes se abren en Chile.
Por último, mencionó que el desafío es amplísimo, pues se trata no tan solo de aplicar las multas y que efectivamente se cumplan, sino también de restituir el derecho. Es decir, que las personas que extraen ilegalmente el agua, dejen de hacerlo.
Posteriormente, el asesor de la Biblioteca Nacional del Congreso, Eduardo Baeza, explicó la reforma al Código de Aguas.
Próximos invitados
Para las próximas sesiones, la Comisión acordó invitar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En tanto, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, informó que, por problemas de agenda, podrá asistir a la instancia el 13 de abril. También se pidió la asistencia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
De todas formas, el grupo parlamentario pedirá a ambas carteras que, de no poder asistir, envíen un oficio con la agenda legislativa.