Tercer Tribunal Ambiental acoge reclamación contra resolución de Director Ejecutivo del SEA que aprobó declaración de impacto ambiental de pequeña central hidroeléctrica Llancalil.

El Tercer Tribunal Ambiental acogió las reclamaciones interpuestas contra resolución del Director Ejecutivo del SEA, considerando que debió rechazar la Declaración de Impacto Ambiental y no devolver el procedimiento de evaluación ambiental a una etapa no contemplada en la ley.

En mayo del año 2020, un conjunto de personas naturales, Comunidades y Asociaciones Indígenas y una empresa de turismo -en varias causas acumuladas-, interpusieron la reclamación del art. 17 Nº 6 de la Ley Nº 20.600 en contra de la resolución del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que acogió de manera parcial una serie de reclamaciones administrativas de una colectividad de personas, entre ellas de los reclamantes, por indebida consideración de observaciones ciudadanas deducidas en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de La Araucanía, que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Llancalil de Inversiones Huife Limitada.

En la resolución reclamada, el Director Ejecutivo del SEA ordenó retrotraer el procedimiento administrativo de evaluación ambiental a la etapa inmediatamente posterior al Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) Complementario, con el objeto de abordar de manera adecuada y exclusiva los componentes ambientales fauna, medio humano y turismo, además de acreditar el cumplimiento de la normativa pertinente en materia de ruido y vibraciones. Ello, basado en que durante la evaluación no se habrían solicitado los antecedentes respectivos, con lo que se habría vulnerado el principio de contradictoriedad. Por su parte, los reclamantes, sostuvieron que dicha decisión es ilegal, entre otras razones, porque los antecedentes que indica la resolución reclamada fueron objeto de observaciones y fueron solicitados en el ICSARA I y II, sin que el titular aporte la información, por lo que correspondía poner término anticipado al procedimiento de evaluación de la DIA, el que carecería de información esencial para su evaluación, alegando además que las observaciones ciudadanas de los reclamantes no podían ser subsanadas mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, y que el proyecto requeriría de un EIA.