Es deber del Estado asegurar que las personas privadas de libertad que desarrollan enfermedades mentales tengan acceso a tratamiento médico, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia resolvió que las personas privadas de libertad que padezcan o desarrollen enfermedades psiquiátricas deben recibir tratamiento médico y ser evaluadas periódicamente para la eventual remisión a centros psiquiátricos especializados.

La Corte sostuvo que es deber del Estado proteger los derechos de las personas privadas de libertad y velar porque dichos derechos no sean, en caso alguno, limitados ni suspendidos, pues el poder punitivo del Estado se encuentra limitado por los derechos esenciales que emanan de la dignidad de las personas. En ese sentido, la Administración, a través de las entidades a cargo, tiene la obligación de garantizar que las personas que se encuentran recluidas reciban la atención y los cuidados que sus condiciones de salud demanden, lo cual, debe incluir el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales.

Agrega que la jurisprudencia ha reconocido el derecho a la salud psiquiátrica que asiste a toda la población privada de libertad, entregando al juez penal la carga de valorar las características de la enfermedad mental, la historia clínica, el tratamiento y capacidad de manejo, así como las condiciones de espacio y otras necesidades que requieran su estado de salud, previo a adoptar medidas conducentes a materializar sus derechos.