La moción, patrocinada por las Senadoras Yasna Provoste y Ximena Rincón, junto a los Senadores Iván Flores, Francisco Huenchumilla y Matías Walker, reforma la Constitución con el objeto de consagrar el derecho fundamental de protección integral de la niñez y su garantía.
El proyecto tiene como antecedentes el derecho que poseen los hijos respecto a sus padres de recibir alimentos, consagrado en el Libro primero del Título XVIII del Código Civil, en la Ley N°14.908, sobre Abandono de Familia y Pensiones Alimenticias y otras normativas legales complementarias.
Además, exponen los autores de la moción, este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales vigentes en nuestro país. Entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño cuyo artículo 27 señala que todo niño tiene derecho «a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social».
Refieren que la obligación alimenticia tiene como primer destinatario a los padres que deberían concurrir a la satisfacción de las necesidades de sus hijos, de acuerdo con sus facultades económicas, y segundo, el Estado, que está llamado a garantizar la efectividad del derecho del niño a obtener de sus progenitores los medios económicos que les permitirán alcanzar un desarrollo adecuado. Es carga del legislador construir un sistema legalmente robusto para obtener el cumplimiento de obligaciones legales.
Estiman que el Estado está en deuda con la niñez, no solamente a nivel material para proporcionar los recursos necesarios para un sustento digno, sino que también en otorgar un marco de protección a nivel constitucional y para saldar esa deuda consideran urgente consagrar un nuevo derecho fundamental, que otorgue y asegure una protección integral de la niñez y su desarrollo.
Señalan que el objetivo del proyecto es la consagración de un nuevo derecho fundamental de protección a la niñez, que a su vez permita al Estado crear un Fondo Nacional de Pensión Alimenticia, que permita a los alimentarios, niños, niñas y adolescentes acceder rápidamente a la mantención mensual entregada por el Estado, pero a su vez, que permita a los organismos estatales y tribunales perseguir a los deudores, su finalidad es que los niños, niñas y adolescentes no se queden sin sustento, por el incumplimiento que tenga el padre o la madre que está a su cargo.
En mérito de lo expuesto, proponen intercalar un nuevo numeral 9° al artículo 19 de la Constitución del siguiente tenor:
“El derecho a la protección garantizada de la niñez e infancia. Los niños, niñas y adolescentes gozarán de manera preferente y en un ambiente libre de violencia, los derechos, garantías y protección que consagra esta Constitución, así como los tratados ratificados y vigentes por Chile, en la forma que prescriba la ley.
El Estado es responsable de asegurar el respeto irrestricto del interés superior de la infancia, de velar por el resguardo, promoción y ejercicio progresivo de los derechos de la niñez en cada etapa de su desarrollo. Asimismo, la familia tiene el derecho y deber de concurrir a la protección y resguardo de los niños, niñas y adolescentes que están a su cuidado, contribuyendo a su incorporación como sujetos independientes a la vida nacional.
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Las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos serán proveídos preferentemente por el Estado, y las familias de acuerdo con sus capacidades.
El Estado establecerá un Fondo Nacional de Pensiones de Alimentos, para asegurar un sustento continuo a niños, niñas y adolescentes para su desarrollo integral, en la forma que prescriba la ley, sin perjuicio del derecho a repetir contra los deudores.”
El proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Vea texto de la moción, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14.927-2022.