La iniciativa legal, patrocinada por las diputadas Sofía Cid, Francesca Muñoz, Erika Olivera y Ximena Ossandón y los diputados Miguel Ángel Calisto, José Miguel Castro, Andrés Longton, Miguel Mellado, Hugo Rey y Diego Schalper, modifica la Ley N°18126, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y la Ley N°18483, que establece nuevo régimen legal para la industria automotriz, con el objeto de introducir medidas para desincentivar la comisión del delito de receptación de vehículos o partes de vehículos robados.
Como fundamentos la moción expone que los delitos de robo de vehículos y receptación de vehículos robados son hechos criminales de alta incidencia y connotación social. Además representan un hecho delictivo de alta incidencia y los delitos asociados a la sustracción de vehículos han mutado en su forma, pasando a predominar distintas “técnicas criminales” como el denominado “portonazo” o las llamadas “encerronas”, que son nuevos mecanismos para el robo con violencia o intimidación de vehículos y que representan asimismo un porcentaje importante de las tasas de criminalidad asociadas a este tipo de hechos.
En este contexto, los autores de la iniciativa afirman que si bien la reacción penal, y principalmente los mecanismos de investigación y persecución de estos hechos, pueden analizarse hoy de manera satisfactoria, ya que efectivamente se constata una cierta disminución en la verificación de estos delitos, esto no puede desincentivar la búsqueda de nuevos caminos para abordar la criminalidad que aquí se describe y, sobre todo, comprender que ella es parte de un eslabón o cadena del delito mucho más grande y compleja que los hechos en sí mismos.
Agregan que los esfuerzos existentes para combatir los delitos de robo de vehículos y receptación de vehículos robados deben complementarse con medidas que ataquen “la cadena de delitos” a que estos hechos se vinculan, especialmente, el mercado de vehículos robados.
Considerando todo lo anterior, con el objeto de atacar la cadena del delito con la que se vincula el robo de vehículos y de sus partes, especialmente, el mercado de receptación de vehículos robados y de sus partes, proponen modificar la ley sobre penas sustitutivas de aquellas privativas o restrictivas de libertad, con el objeto de impedir que accedan a este régimen de penas más beneficiosas aquellas personas que sean condenados como autores del delito consumado de receptación de vehículo motorizado o receptación de vehículo motorizado que fue sustraído con violencia o intimidación, siempre que sean reincidentes del delito de receptación (en general) o bien de otros delitos asociados al robo de vehículos como aquellos que se ejercen con fuerza, intimidación, violencia u otras maniobras distractoras.
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También proponen modificar la ley que establece nuevo régimen legal para la industria automotriz, para prohibir la actividad de desarmado o desmantelamiento de vehículos motorizados y la venta de sus partes, salvo en los casos específicos en que se cumpla una regulación detallada, que incluye autorización del Ministerio del Interior y la observancia de una normativa específica que evite que esta actividad incentive los delitos de robo y receptación de vehículos. Esta medida, afirman, regularía de manera definitiva la actividad que ejercen los talleres que reciben vehículos y los desarman para su posterior venta por piezas, siendo la regla general la prohibición, mientras el permiso excepcional para acceder al ejercicio de esta actividad acreditará el cumplimiento de exigentes requisitos y permitirá a la autoridad una mejor fiscalización de esta actividad.
En lo concreto, la iniciativa modifica los dos cuerpos legales antes mencionados.
La moción se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, habiéndose ya oficiado a la Corte Suprema para que evacue su informe.
Vea Boletín Nº14924-25 y siga su tramitación aquí.