Un Tribunal de Paraná (Argentina), confirmó el sobreseimiento de un hombre detenido por funcionarios policiales, sin una orden judicial previa, ya que catalogaron su comportamiento como sospechoso.
El Tribunal recordó que, conforme al principio de legalidad y demás principios básicos de derechos humanos, todo proceso deberá ser sustanciado con respeto a los derechos y garantías consagradas en la Constitución, el Código de Procedimiento Penal y, en los diversos tratados internacionales que rigen la materia y han sido ratificados por el Estado argentino. Asimismo, precisó que la ley contempla de forma taxativa los casos en que procede restringir o coartar la libertad de un individuo, motivo por el cual, los funcionarios policiales y, en general, todos los agentes del Estado, deben restringir su actuar en ejercicio de sus facultades, a dichos preceptos y acreditar fehacientemente la razonabilidad y proporcionalidad de su proceder.
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Enseguida, el Tribunal refiere que, la jurisprudencia nacional ha sido unánime al declarar la nulidad de las detenciones realizadas por la mera sospecha de la autoridad policial, pues entiende que, se viola la garantía constitucional de no ser arrestado sino en virtud de una orden judicial escrita, así como la presunción de inocencia, cuando los funcionarios proceden a detener a una persona, sin que concurran los supuestos legales que autorizan a la policía a efectuar una detención sin una orden judicial. Además, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó recientemente al Estado argentino, por detenciones en la vía pública, realizadas por el mero nerviosismo de los afectados, situación fáctica idéntica a la del presente caso, explica la sentencia.
Por ello, el Tribunal advierte que, no es posible legitimar el procedimiento, pese a que el recurrente fue encontrado portando un arma de fabricación artesanal, pues el acto resulta arbitrario y nulo por carecer de los requisitos que lo dotan de legalidad, lo que constituye una vulneración al principio de inocencia, así como una intromisión arbitraria al ámbito de privacidad e intimidad del sujeto.
En definitiva, el Tribunal confirmó el sobreseimiento del imputado, tras declarar la ilegalidad de la detención realizada y recomendó a los funcionarios policiales, ajustar sus procedimientos a la normativa constitucional y procesal vigente.