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Imagen: El Mundo.
Atenta con la libertad de expresión y el derecho a asociación.

El asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura sostiene la CIDH a propósito del fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval y llama al Estado a sancionar a los responsables.

El Estado chileno tiene el deber de proteger a los manifestantes, por lo que debe adoptar medidas especiales para combatir todas las formas de violencia que se generen en el contexto de protestas sociales.

25 de mayo de 2022

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), se pronunció respecto al fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval, quien recibió un disparo en el rostro mientras reportaba la protesta realizada por el día del trabajador en el barrio Meiggs, e hizo un llamado al Estado de Chile para que investigue a fondo los hechos y sancione a los responsables.

La CIDH sostuvo que en el marco de la obligación de garantizar el derecho a la protesta y a la asociación, el Estado chileno tiene el deber de proteger a los manifestantes contra todo tipo de violencia física, ejercida por terceros y actores no estatales, para ello, debe adoptar medidas especiales orientadas a lidiar con comportamientos violentos, particularmente ejercidos en contra de niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de protestas sociales.

Asimismo, advirtió que está llamado a garantizar que toda actividad legítima, ejercida por los manifestantes y periodistas, cuente con la adecuada protección de los funcionarios policiales, pues el rol de vigilancia en asuntos de elevado interés público que ejecutan los medios de comunicación en el marco de protestas sociales debe ser protegido y garantizado por los Estados Democráticos.

La Comisión afirma que el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura que pueden ejercer los grupos disidentes, por lo que es deber del Estado prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada, ya que lo contrario, podría generar un efecto atemorizador, que resulta ser especialmente grave por el impacto que tiene sobre el ejercicio de los derechos de reunión, la libertad de expresión y la libre asociación.

 

Vea texto de la resolución.

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