Negativa administrativa y judicial a reconocer incapacidad permanente de persona ciega, es una vulneración a su garantía de igualdad ante la ley.

Una particular que figura en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, teniendo reconocida prestación de jubilación en el régimen general, y que padece de miopía magna y de cataratas coronarias en ambos ojos, solicitó una declaración de invalidez total, la que fue rechazada por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de fecha 18 de abril de 2018, que resolvió no declarar a la recurrente en situación de incapacidad permanente, por lo que la afectada interpuso una demanda al respecto.

En el arbitrio, la demandante alegó que las resoluciones impugnadas infringen la Ley general de la Seguridad Social, solicitando que se declarara una situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez. Añade que, el criterio interpretativo seguido vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de circunstancia personal, como es la discapacidad, reconocido en el art. 14 CE, puesto que le ha sido denegada prestación por incapacidad permanente frente a otros supuestos en que se ha reconocido, sin que concurra razón objetiva y razonable alguna que justifique este tratamiento diferente, a pesar de que, en todos los casos, se había cumplido el requisito de edad.

El Tribunal, en su fundamento jurídico, razonó si la actora puede acceder a una situación de incapacidad permanente absoluta, o de gran invalidez, siendo ya beneficiaria de una prestación de jubilación obtenida a los cincuenta y dos años por razón de discapacidad. Al respecto, en el referido fundamento se afirmó que la respuesta debía ser negativa.