Diario Constitucional

En fallo dividido.

Corte Suprema ordena a tribunal laboral tramitar demanda de familiares de trabajador fallecido por enfermedad profesional.

El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al confirmar la resolución del tribunal de base que se declaró incompetente para conocer la acción, cuya resolución, consideró, correspondería a la judicatura civil.

Por Redacción·27 de junio de 2022·6 min de lectura
Corte Suprema ordena a tribunal laboral tramitar demanda de familiares de trabajador fallecido por enfermedad profesional.
Referencial

La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto y le ordenó a juzgado laboral tramitar la demanda presentada en contra de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División Andina, por familiares de trabajador que falleció por enfermedad profesional.

El fallo señala que las normas laborales tienen un sentido de protección del dependiente, por lo que se deben evitar las interpretaciones restrictivas que confinen su amparo, premisa que es de utilidad para reconocer a una norma como propia y perteneciente a esta rama del derecho y útil, además, como criterio interpretativo, advirtiéndose que, de acuerdo con el dictamen impugnado, pierde sentido la modificación legal, soslayándose la reforma al artículo 420 letra f) y el régimen tutelar que gradualmente se ha expandido, beneficiando al trabajador fallecido y a sus herederos. Claramente esta no es una respuesta racionalmente admisible.

La resolución agrega que, descartada tal interpretación, se debe discernir si, como proponen los recurrentes, la actual redacción del artículo 420 letra f) del Código del Trabajo, concede una permisión explícita a los causahabientes para demandar, ya no solo la responsabilidad contractual del dependiente fallecido por negligencia del empleador, sino que, además, la reparación de los perjuicios propios por repercusión, originados en un hecho lesivo ocurrido dentro del ámbito de protección que el legislador entrega y obliga a garantizar a la patronal, por lo que no puede sostenerse, por incongruencia y falta de racionalidad, que se trata de un simple accidente o redundancia regulativa.

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