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Imagen: ambito.com
Fallo de 1973 "Roe v. Wade".

El aborto, un derecho constitucional, las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de EEUU.

Francia ha sido uno de los países que más han condenado la decisión. En España el asunto el Tribunal Constitucional tiene pendiente desde 2010 la sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto en vigor aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

28 de junio de 2022

El Tribunal Supremo de EEUU decidió, por seis votos contra tres, eliminar el derecho al aborto, un fallo histórico de la corte de mayoría conservadora que anula cinco décadas de protecciones constitucionales. La derecha religiosa nunca había aceptado el fallo de 1973 «Roe v. Wade» que garantizaba el derecho, principalmente porque alegan que no hay una codificación clara en la Constitución (solo jurisprudencia). En la práctica, esa derogación supone la libertad de los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres.

Por eso, algunos países ya se preparan para incluir y tipificar el aborto en sus respectivas constituciones. Una manera de estar protegidos ante casos como el que ahora vive EEUU.

Francia ha sido uno de los países que más han condenado la decisión de la Corte Suprema de EEUU. El partido de Emmanuel Macron incluso ha presentado un proyecto de ley para consagrar el derecho del aborto en la Constitución. Todo esto en medio del apogeo que vive la extrema derecha, feroz opositora al aborto, en el país.

La izquierda, contenta, ha dado la bienvenida al «cambio de sentido» del gobierno e invitan a partidos de ideas afines a presentar un texto conjunto. Juntas, la alianza de izquierda y la coalición de Macron obtendrían una gran mayoría a favor de ese cambio constitucional.

El plazo legal para interrumpir un embarazo en Francia ya se amplió de 12 a 14 semanas en la última legislatura. En 2018 y 2019, la oposición intentó sin éxito enmendar la constitución para incluir el derecho al aborto. Pero la constitución requiere que la Asamblea Nacional y el Senado adopten el mismo texto, luego una mayoría de tres quintos del Congreso. La otra opción es un referéndum.

En EEUU durante 49 años el aborto ha sido legal por el proceso lanzado por la texana Rhonda McCorney (bajo el seudónimo ‘Jane Roe’, con el que se preservó su anonimato) contra el fiscal de su distrito, Henry Wade, en 1969 para reclamar su derecho a abortar en ese Estado. Tras cuatro años de batalla legal, el caso llegó a la Corte Suprema, que declaró que el aborto se ajusta a la Constitución. Pero la decisión de los jueces nunca aplacó a la opinión pública. De hecho, el Congreso de EEUU ha dejado pasar 50 años sin promover ni una sola ley que consolide la sentencia.

Lo anterior porque los congresistas saben que el aborto es un pantano fangoso en el que la muerte política está garantizada. Pero el juez Samuel Alito argumentaba en su borrador que Roe es una ley defectuosa porque el derecho al aborto no está explícito en la constitución. Además, ahora la corte cuenta con una mayoría conservadora inédita en décadas y que ha sido clave para avanzar varios asuntos de la agenda conservadora hasta entonces limitados por el equilibrio de poderes en el Tribunal.

En España la situación es bastante diferente, pero no lo será para siempre pues el Consejo de Ministros aprobó en mayo una reforma a la ley orgánica vigente desde febrero del 2010, que amplía aún más los derechos sexuales y reproductivos. La nueva ley establece el aborto libre como un derecho hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida de la gestante. También cuando hay problemas con el feto.

Además, aclara que las jóvenes de entre 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad pueden abortar sin el consentimiento de sus padres, un punto en el que se había retrocedido desde 2015, bajo el mandato de Mariano Rajoy.  Y ni siquiera son obligatorios los tres días de reflexión o recibir información sobre la maternidad.

Pese a esa reforma, en España el asunto sigue en debate, pues el Tribunal Constitucional tiene pendiente desde 2010 la sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto en vigor aprobada aquel mismo año por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP recurría concretamente el hecho de que para abortar en las primeras 14 semanas no fuera necesario que existiera causa objetiva o situación que permita justificar el sacrificio de la vida del «nasciturus», algo que, según ellos, iba contra el artículo 15 de la Constitución, que reconoce que «todos tienen derecho a la vida».

La falta de consenso entre los magistrados ha sido la causa del retraso. Aunque se han llegado a redactar borradores, el tema nunca se ha zanjado por completo. Ahora la mayoría del Tribunal Constitucional es conservadora, por seis votos a cinco. Y, visto el panorama, parece difícil que se llegue al acuerdo que se busca. Además, los magistrados son conscientes de lo que podría suponer en la sociedad una vuelta atrás en la regulación del derecho del aborto. En España, el Tribunal Constitucional es el terreno de juego donde se decide el resultado final. Y no tener esto en cuenta podría llevar a la misma situación que en EEUU. Allí también era impensable que la Corte Suprema fuera a acabar con el derecho del aborto, pero así ocurrió.

 

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