El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra decidió permitir al Rey Emérito que recurra la decisión del juez Matthew Nicklin, en primera instancia, de no reconocerle la inmunidad diplomática frente a la demanda presentada por su ex amiga íntima Corinna Larsen por acoso, lo que permitiría a Juan Carlos I, de 84 años, frenar las acciones civiles emprendidas por la empresaria a la que en 2012 «regaló» 64,8 millones de euros.
Así lo anunció el Lord Justice (juez) Nicholas Underhill al término de una vista que ha durado unas dos horas y donde los «barristers» de la «chamber» Twenty Essex que representan al exmonarca español, junto con los «solicitors» de la firma Carter Ruck Law, han alegado que, a pesar de su abdicación en 2014, don Juan Carlos I es miembro de la Familia Real.
El equipo de «barristers» del exmonarca, contratados por su abogados de Clifford Chance, esta liderado por Daniel Bethlehem y formado por Timothy Otty y Paul Luckurst. Y la profesora Philippa Web, profesora de derecho internacional público del King’s College.
Y como tal, mantiene una especial vinculación con Felipe VI que hace que cualquier acción emprendida en su contra afecte a las funciones del actual Jefe de Estado.
Cabe recordar que el pasado 24 de marzo el juez Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia, determinó que Juan Carlos no gozaba de la inmunidad diplomática que le confería la Jefatura del Estado por haber abdicado. «Solo hay un Rey y un jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI», dijo.
Este primer auto de Nicklin despejaba el camino para que la demanda de Larsen siguiera su curso en la justicia británica, algo que ahora dependerá de cómo se resuelva la apelación.
«El término Casa Real es un concepto, no un lugar», acotó Bethlehem, para explicar que lo fundamental son las «estrechas relaciones en circunstancias especiales» entre sus miembros, no el hecho de que convivan bajo el mismo techo.
En este sentido, ha citado un caso relativo a la monarquía saudí donde se reconoció inmunidad a miembros de su casa real «para proteger las funciones del jefe de Estado».
«Es el reconocimiento de que cualquier cosa que le ocurra a esas otras cinco personas ineludiblemente impacta en el soberano (actual) en sí mismo», ha concluido el abogado.
Bajo esta premisa, ha reivindicado que tiene «un caso argumentable» que justifica el recurso que quieren plantear, admitiendo que, si bien puede requerir de mayor elaboración, al menos es «un comienzo prometedor».
El juez Underhill, aunque ha calificado de «sorprendente» el argumento de que cualquier cosa que afecte a Juan Carlos I impacta «necesariamente» en Felipe VI, ha apreciado motivos suficientes para la presentación del recurso.
Actos privados
En el otro extremo, el «barrister» de Larsen ha insistido en que no cabe reconocer ninguna inmunidad al rey emérito por los actos de los que le acusa la empresaria por entender que fueron «actos privados».
Aquí el juez británico ha vuelto a mostrar su escepticismo por cuanto, ha razonado, si Larsen sostiene que fue acosada a través del ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán, ningún individuo a título privado podría haber promovido dicho hostigamiento por parte de la Inteligencia española.
El letrado le ha replicado que la inmunidad personal del ex jefe de Estado desapareció con la abdicación y que, en este caso, Sanz Roldán podría haber actuado en calidad de «amigo» de Don Juan Carlos.
«Eso no quiere decir que el Estado español estuviera implicado», ha aseverado, para apostillar que eso sería tanto como decir cualquier acto emanado del rey emérito es un «acto de Estado». «Pero eso no es correcto», ha zanjado.
Autorización a impugnar decisión
De esta forma, el Tribunal de Apelaciones ha autorizado a impugnar la decisión adoptada el pasado 24 de marzo por el juez Nicklin, magistrado del Tribunal Superior de Justicia que determinó que Juan Carlos no gozaba de la inmunidad que le confería la Jefatura del Estado por haber abdicado. «Solo hay un Rey y un jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI», dictaminó.
Con esta resolución, el juez Nicklin despejó el camino para que la demanda de Larsen siguiera su curso en la justicia británica, algo que ahora dependerá de cómo se resuelva la apelación, una vez formulado el recurso por parte de los abogados del ex monarca.
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Los hechos según Larsen
La empresaria relata en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con el relato de Larsen.
Por ello, reclama al rey emérito una indemnización –cuyo montante no ha trascendido– por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido.