España.
Las autoridades tienen la obligación de realizar actuaciones o impedir hechos que pueden provocar el desbordamiento y la perniciosa acción de las aguas que discurren por los cauces naturales.
La fuerza mayor no sólo exige que obedezca a un acontecimiento que sea imprevisible e inevitable, como el caso fortuito, sino también que tenga su origen en una fuerza irresistible extraña al ámbito de actuación del agente.
Después de 12 años de tramitación la Audiencia Nacional (España) acogió un recurso contencioso administrativo presentado contra la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, por su responsabilidad patrimonial en el desborde del río Guadalquivir, que generó cuantiosos daños en la provincia de Jaén, comunidad autónoma de Andalucía.
La recurrente adujo que los daños causados son imputables al actuar negligente de las autoridades por no realizar en tiempo y forma las obras de mantención y conservación del cauce del río, según consta en informes periciales. Por ello solicitaron el pago de una indemnización pecuniaria.
Previo a abordar el fondo del asunto, la Audiencia dirimió una contienda de competencias para determinar la legitimación pasiva de las autoridades recurridas, estableciendo que esta recaía en la Junta de Andalucía. Ello, por el traspaso de competencias que le hizo la Administración del Estado en materia de aprovechamiento y conservación hidráulica.
Temas
Te puede interesar
Reclamo de ilegalidad rechazado.
Evento climatológico anunciado no puede considerarse caso fortuito o fuerza mayor para justificar la interrupción del suministro de energía eléctrica.
Se investiga el blanqueo de casi 900 mil euros.
Audiencia Nacional de España confirma procesamiento de un abogado por el delito de blanqueo de capitales en una organización criminal de narcotráfico.
Asesinatos frustrados.
Tribunal español condenó a integrante de ETA a 46 años de prisión por la colocación de una bomba trampa en un bar.
