La moción, patrocinada por las Diputadas Catalina Del Real, Carolina Marzán, Francesca Muñoz, Marlene Pérez, Joanna Pérez, Marisela Santibáñez y los Diputados Alexis Sepúlveda, Renzo Trisotti, Jorge Guzmán y Daniel Melo, modifica el Código Penal para adecuar su normativa a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Los autores del proyecto señalan que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por Chile el año 2008, la cual busca proteger y promover los derechos y dignidad de las personas con discapacidad. Así, el Estado se obligó a adoptar todas las medidas pertinentes para examinar y revisar la legislación para modificar o derogar leyes que puedan constituir discriminación en contra de las personas con discapacidad.
Indican que, en nuestro país, el II Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015 arrojó que las personas con discapacidad ascienden a 2.606.914, es decir, un 20% de la población.
Agregan que la referida Convención avanza en la definición de “persona con discapacidad”, lo que fue recogido por la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, definiéndola en su artículo 5° como: “Aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno se ve impedida o restringida a su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con las demás.”
Advierten que, haciendo cumplimiento de la Convención y de la ley, la normativa nacional debe adecuar su lenguaje a un uso correcto y con un enfoque de derechos.
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En virtud de lo anterior, a través de un artículo único, la iniciativa modifica la palabra “loco o demente” del Código Penal y la reemplaza por “persona con discapacidad psicosocial”, entendida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como: “personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión.”
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara Baja.
Vea Boletín N° 15249-35 y siga su tramitación aquí.