El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, se está viendo confrontado a una serie de controversias que cuestionan su autoridad, como la ruptura con Rusia y los roces con Turquía, Polonia o el Reino Unido.
El escenario ya genera preocupación explícita en la cúpula de la institución, e incluso el ex presidente del Tribunal, el ítalo-islandés Robert Spano, formuló un grave alerta en el mes de junio, cuando advirtió sobre «una Europa donde las persistentes expresiones públicas de hostilidad o la negativa categórica a acatar las decisiones judiciales es un lugar común», con el riesgo de ver «desaparecer el estado de derecho».
Rusia fue excluida del Consejo de Europa en marzo, a raíz de la invasión a Ucrania, y recientemente dejó de ser también «Alta Parte Contratante del Convenio Europeo de Derechos Humanos», el texto fundador nacido en 1950.
Rusia había ratificado su adhesión a ese Convenio en 1998, un gesto entonces percibido como un signo de democratización tras el fin de la Unión Soviética.
Reducido a 46 estados, el TEDH también debe llegar a un acuerdo con Turquía y su persistencia en ignorar sus mandatos para la liberación de Osman Kavala, una figura de la sociedad civil y condenado por la justicia turca a cadena perpetua por «intentar derrocar el gobierno».
Kavala, de 64 años, había denunciado ante los tribunales internos de su país un «asesinato judicial» y la influencia ejercida por el presidente turco en su juicio.
La Gran Sala (instancia suprema del TEDH) condenó a Turquía en julio en un procedimiento por incumplimiento, un método extremadamente raro utilizado apenas por segunda vez en más de sesenta años de existencia del tribunal.
El fallo fue impulsado por la resistencia de Turquía en cumplir con las decisiones del TEDH sobre la liberación de Kavala.
A su vez, el Reino Unido busca eludir el largo brazo del TEDH mediante la reforma de la legislación de derechos humanos a través de la adopción de una nueva «Declaración de Derechos».
El proyecto, destinado a eludir la obligación de seguir la jurisprudencia de Estrasburgo, fue mencionado en junio por el ministro de Justicia de Boris Johnson tras el desaire impuesto por una corte que se opuso a la polémica expulsión a Ruanda de inmigrantes llegados ilegalmente a Reino Unido.
La decisión judicial había dejado en tierra un avión fletado especialmente a un gran costo justo antes de que despegara de una base militar británica para llevar inmigrantes ilegales a Ruanda.
Durante su campaña la actual primera ministra, Liz Truss prometió fortalecer la «Declaración de Derechos» para proporcionar «una base legal sólida» en temas de inmigración.
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En tanto, Polonia también cuestionó la autoridad de las instituciones de Estrasburgo.
El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó nuevamente en marzo de este año que la Convención Europea de Derechos Humanos era parcialmente incompatible con la Constitución del país.
Parece evidente que el TEDH se enfrenta a una crisis de legitimidad, crisis que continuará mientras se fortalezcan tendencias contrarias a los valores liberales y democráticos en Europa.