Diario Constitucional

Escasez Hídrica

Gobierno Regional Metropolitano actuó conforme a derecho en la creación de la Corporación privada “Fondo de Agua de Santiago”, dictaminó la Contraloría.

No obstante, el ente contralor puntualiza que el Fondo puede desarrollar actividades vinculadas a la conservación de los recursos hídricos del río Maipo, pero la DGA es el organismo sectorial encargado de otorgar permisos en estas materias al fiscalizar el funcionamiento administrativo de los ríos y cuencas del país.

Por Redacción·30 de septiembre de 2022·5 min de lectura
Gobierno Regional Metropolitano actuó conforme a derecho en la creación de la Corporación privada “Fondo de Agua de Santiago”, dictaminó la Contraloría.
Referencial

La Corporación de Defensa de la Cuenca del Río Mapocho, consultó a la Contraloría General de la República (CGR) si se ajusta a derecho la participación del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y otros órganos de la Administración, en la creación del Fondo de Agua de Santiago. En su opinión esa iniciativa busca generar mecanismos de gobernanza de agua, ordenación territorial y desarrollo en forma paralela a la institucionalidad vigente, además le parece impropio la participación de entidades privadas en la mencionada corporación de derecho privado.

En su informe, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago explica que el Fondo de Agua de Santiago corresponde a una iniciativa de trabajo intereseccional que busca coordinar y ejecutar acciones de conservación, cuidado de parques y ríos, concientización, articulación de información y gestión, para proteger las fuentes de agua y espacios naturales valiosos para la ciudad y contribuir así, a la seguridad hídrica y el manejo sustentable de la cuenca del río Maipo.

Agrega que para la consecución de estos objetivos se confeccionó un memorándum de entendimiento, el que fue suscrito por actores públicos y privados el año 2018, y que representa una hoja de ruta para la materialización de la finalidad pública de resguardo hídrico, lo cual, en ningún caso, invade o interfiere en las competencias de los demás órganos de la Administración del Estado.

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