Recurso de protección rechazado.
Expulsión de alumno por agredir a profesora se ajusta al Reglamento de Convivencia Escolar, resuelve la Corte de Arica.
Sin perjuicio de la facultad que tiene la Corte de reconducir los hechos a una garantía efectivamente amparada por el recurso de protección, lo cierto es que no puede desatender su deber de resguardar los derechos de los demás miembros de la comunidad, entre los que se incluye a la profesora afectada.

La Corte de Arica rechazó el recurso de protección interpuesto por una apoderada en contra del Colegio Alta Cordillera, por expulsar a su hijo tras acusarlo de agresiones físicas a una profesora del establecimiento.
La actora expone que al término de la jornada escolar su hijo ingresó a la sala de clases para retirar sus pertenencias, momento en que la profesora le negó la salida, por lo que dio un paso atrás y acató la orden de la docente, sin embargo, esta comenzó a gritar que había sido agredida por el alumno, lo que fue negado por él, habiendo testigos de lo realmente sucedido. Días después se le notificó que quedaba suspendido como medida disciplinaria ante lo que el establecimiento calificó como una falta de extrema gravedad (agresión física a docente), medida que fue renovada por 5 días, para finalmente culminar el proceso disciplinario con la expulsión del adolescente, sin haber escuchado su versión, ni ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Convivencia, puesto que las disposiciones citadas en el proceso no eran parte de dicho cuerpo normativo, que no contemplaba un protocolo específico para el tipo de conflicto.
Alega la falta de normas sustantivas y adjetivas en el Reglamento de Convivencia Escolar, como lo exige la Ley General de Educación, pues no existía norma alguna que regulara la situación acaecida y el procedimiento previo, racional y justo para poder tomar la decisión de expulsión. Por otro lado, reclama desproporción en la sanción debido a que su hijo ha cursado todos sus estudios en dicho establecimiento, tiene allí sus redes de apoyo y amistades. Estima que el acto recurrido vulnera el derecho de propiedad sobre la condición de alumno al impedírsele la progresión en los niveles, grados o cursos y graduación, además de transgredir la garantía del debido proceso.
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