Concesionaria de autopista es condenada al pago de una multa por infringir la Ley del Consumidor al negarse injustificadamente a entregar información básica comercial al SERNAC.

La Corte de Santiago confirmó la sentencia dictada por el 3° Juzgado de Policía Local de Las Condes, que acogió la denuncia infraccional interpuesta en contra de la Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A., por negarse injustificadamente a colaborar con la fiscalización llevada a efecto por funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

El SERNAC dedujo denuncia infraccional en contra de la sociedad concesionaria, fundado en que con fecha 26 de agosto de 2019, esta última recibió un oficio emitido por el Servicio mediante el cual se le solicitaba la entrega, dentro de 10 días hábiles, de información relativa a la existencia de reclamos de consumidores por cobros improcedentes o impugnados, el número de clientes afectados, los protocolos de atención de reclamos y las medidas adoptadas para evitar en lo sucesivo problemas comerciales como los denunciados. No obstante, transcurrido el término de 10 días, la denunciada no dio respuesta alguna al requerimiento, lo que configura a juicio del SERNAC una infracción a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley N° 19.496, por cuanto existe una negativa injustificada a remitir todos los antecedentes y documentación requerida, por lo que solicitó la imposición de una multa conforme lo establece la referida Ley del Consumidor.

La Concesionaria pidió el rechazo de la denuncia, por cuanto la Ley del Consumidor no le sería aplicable, ya que en ella se señala claramente que sus disposiciones no tienen cabida respecto de las actividades que se rigen por leyes especiales o que se encuentran sometidas a una fiscalización especial por parte de algún organismo público, cuyo es el caso ya que la fiscalización la lleva a cabo por el Ministerio de Obras Públicas. Además, el SERNAC carece de competencia para requerir información, dado que entre la empresa y los usuarios de la autopista no existe una relación de consumo, debiendo descartarse que por el uso de la vía se pague un precio derivado de una relación mercantil, sino más bien se trata del pago de un tributo establecido por ley. Finalmente, alega que el Juzgado de Policía Local no sería competente para resolver las eventuales acciones de carácter civil que se presenten, puesto que existe una ley especial que rige en la especie, la que fija como competente al juez de letras en lo civil.