Tribunal Supremo de España condena a diputada de Cataluña a la multa de 13.500 euros por negarse a contestar las preguntas formuladas en un juicio por parte de VOX.

El Tribunal Supremo de España, condenó a una diputada del Parlamento de Cataluña a la multa de 13.500 euros por el delito de desobediencia grave a la autoridad.

Tras comparecer a la audiencia como testigo a instancias de la acusación particular del partido político Vox en el juicio que tenía por objeto determinar la responsabilidad penal del referéndum ilegal de Cataluña, más conocido como el juicio al “procés”, el Tribunal dio por acreditado que la acusada sólo prestó su declaración en catalán y se negó a responder las preguntas formuladas por Vox, al considerar que es un partido de extrema derecha, machista y xenófobo, lo que conllevó a que sin haber finalizado el juicio oral, se le haya impuesto una multa de 2.500 euros por concepto de corrección disciplinaria. Sin embargo, una vez que fue citada nuevamente a declarar, asumiendo igual actitud, se remitieron los autos al Juzgado de Guardia de Madrid para depurar las eventuales responsabilidades penales de la diputada, como consecuencia de la negativa a responder las preguntas de Vox.

Por su parte, la defensa alegó que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso equitativo, la libertad ideológica y de conciencia y su derecho a la libertad de expresión y la prohibición del bis in ídem, ya que no cabe sancionar dos veces la misma conducta, puesto que ya fue sancionada con una medida de corrección disciplinaria, donde esto último refleja que el máximo Tribunal descartó que los hechos puedan ser constitutivos de delito, de lo contrario, la multa no se habría podido imponer.