Policía Nacional no puede acceder a circuitos de videovigilancia privados para realizar tareas de prevención, porque vulnera los datos personales y la intimidad de la población.

La Corte Constitucional de Colombia declaró que la habilitación que posee la Policía Nacional para acceder a cámaras y circuitos de vigilancia privados, por razones de prevención, contraviene la Constitución, por lo que en estos casos requieren de una autorización judicial.

La decisión se dictó a raíz de un recurso deducido contra algunos preceptos de la Ley 2197 sobre seguridad ciudadana, en particular el artículo 48, cuya palabra “prevención” permite a las policías manejar datos personales por motivos preventivos. A través del recurso se solicita a la Corte determinar los alcances de esta disposición.

En su análisis de fondo, la Corte observa que “(…) la disposición impugnada habilitó a la Policía Nacional para efectuar el manejo de datos personales en dos sentidos. Primero, para acceder a la información consignada en circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada y, segundo, para usar los datos allí registrados, con el propósito de ejecutar acciones de prevención, identificación o judicialización. En los dos supuestos descritos la habilitación a la mencionada autoridad fue absoluta, esto es, no se encuentra sujeta a condición o requerimiento alguno”.