Con 119 votos a favor y 6 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución. En ella se pide al Primer Mandatario instruir al Ministerio de Obras Públicas, para que revise los procedimientos de cálculo de las tarifas de peajes en los contratos de concesión.
Igualmente, que analice con las concesionarias un congelamiento de los actuales precios cobrados. En su defecto, que se produzca un aumento razonable de los peajes, que responda a la situación económica de la mayoría de los automovilistas en nuestro país.
Entre los antecedentes, se informa que las autopistas urbanas han aumentado sus utilidades en 60%, al término del tercer trimestre. Es decir, de más de 380 millones de dólares en el tercer trimestre 2021, se incrementa a más de 488 millones de dólares, en el tercer trimestre 2022.
Consideran que este explosivo aumento de utilidades debiera expresarse en los resultados de otras concesionarias de autopistas a lo largo de Chile. Principalmente, se apunta al aumento del flujo vehicular y del parque automotriz. Según la industria, este alcanzará a 420 mil unidades a fin de año.
Por ello, insisten en que, al celebrar los contratos con las actuales concesionarias, no se consideró el aumento del parque vehicular y los flujos vehiculares futuros. Esto resulta en una rentabilidad muy superior a cualquier empresa del mercado.
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Ello preocupa porque los peajes en las rutas se reajustan al inicio de cada año, por inflación más un factor de 3,5%. A partir de esto, desde el 1 de enero de 2023, podrían aumentar en porcentajes cercanos al 15% (IPC app. de 12%, más el 3,5%). Dicha situación preocupa, en particular, si se considera el alto precio de combustibles, repuestos y seguros.
Los autores de la resolución son Cristián Tapia, Jaime Araya, Marta González, Carlos Bianchi, Héctor Ulloa, Carolina Marzán, Raúl Soto y Helia Molina.