El Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU acusó a Daniel Ortega y a su esposa de cometer crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, en el marco de la represión que el dictador ha intensificado contra sus opositores, desde el año 2018.
En un informe publicado recientemente, señalan que el régimen ha cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, privación arbitraria de la nacionalidad y ha vulnerado el derecho a permanecer en el propio país. La calificación de crímenes de lesa humanidad que cabe a estos abusos se da por el hecho de que fueron cometidos en forma generalizada y sistemática por “motivos políticos”, es decir, no son hechos aislados, pues siguen un “patrón de conducta”.
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Advierten que Ortega ha instrumentalizado a las instituciones de los tres poderes del Estado para reprimir a sus opositores y reafirmar su control sobre todo el país. Además, ha creado todo un marco jurídico destinado a suprimir a la disidencia nicaragüense, y a coartar arbitrariamente sus derechos. Recomiendan a la comunidad internacional “(…) iniciar acciones legales contra los responsables de las violaciones y crímenes documentados; ampliar las sanciones a instituciones e individuos implicados en crímenes y violaciones; y priorizar el respeto de los derechos humanos cuando se negocien proyectos de cooperación e inversión en Nicaragua”.
“Todas estas acciones son posibles porque se ha instrumentalizado al Estado como arma de persecución en contra de la población. Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora. Miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de oenegés, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país”, señaló uno de los expertos del Grupo.
En 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU conformó un Grupo de Trabajo de 3 expertos para abordar la situación humanitaria en Nicaragua. En virtud de su mandato, el Grupo está facultado para investigar las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano, apoyar a las víctimas y realizar recomendaciones, así como otras funciones.