Normativa italiana que reduce pagos a proveedores por interceptar telecomunicaciones, previo requerimiento judicial, no contraviene el derecho de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el derecho comunitario europeo no impide a los Estados pagar un monto inferior al integro por las interceptaciones realizadas por las compañías de telecomunicaciones. La decisión fue tomada en el marco de la normativa italiana que impone a los proveedores la obligación de interceptar comunicaciones de privados a solicitud de las autoridades judiciales, a cambio de un importe anual a tanto alzado.

El caso versa sobre una serie de demandas que unas empresas de telecomunicaciones dedujeron contra el Estado italiano, por la decisión del gobierno de reducir en un 50%, vía decreto, los reembolsos derivados de los gastos de interceptación de llamadas. Los operadores solicitaron la nulidad de la resolución, alegando que el nuevo valor no cubre los costos asociados a estas gestiones.

En su presentación, alegaron que “(…) la normativa nacional impugnada, en primer término, conduce a una discriminación basada en el tamaño de la empresa, ya que las pequeñas empresas están proporcionalmente menos penalizadas que los grandes operadores; en segundo término, crea una discriminación basada en la nacionalidad, puesto que las empresas no establecidas en Italia se ven favorecidas en comparación con los operadores establecidos en Italia; en tercer término, genera una distorsión de competencia a nivel de la Unión Europea”.