Proyecto de ley establece que prestadores institucionales, en caso de ser emplazados en un procedimiento jurisdiccional, deberán probar que han cumplido con los derechos que a los pacientes garantiza la legislación.

La moción, patrocinada por los Diputados Tomás Lagomarsino y Agustín Romero, modifica la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, en cuanto a la prueba del daño causado en el ejercicio de la actividad médica.

Los autores del proyecto de ley señalan que, en el ámbito del derecho, el objeto de la prueba es la acreditación de los hechos jurídicos en general y los actos jurídicos en particular. El artículo 318 del Código de Procedimiento Civil establece que los hechos que deben probarse son los hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes. Es decir, quedan fuera del alcance de la prueba los hechos notorios o pacíficos respecto de los cuales no existe divergencia de opiniones.

Añaden que, respecto a quien le incumbe probar o rendir la prueba, el principio general se extrae del artículo 1698 del Código Civil, que señala*: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.* Es decir, que corresponde probar al que ha sostenido una proposición contraria al estado normal u ordinario de las cosas, o al que pretende destruir una situación adquirida.