Amparo económico no resulta la vía idónea para cuestionar informes del Banco Central y medidas que adopta el Presidente de la República en materia económica, por lo que acción es inadmisible.

La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Santiago que declaró inadmisible el amparo económico interpuesto por un ciudadano en contra del Banco Central y del Presidente de la República. El cual se fundó en supuestos incumplimientos de los recurridos de normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan sus funciones o atribuciones en materias monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.

El recurrente explica que el Banco Central infringió lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 18.840, el cual consagra que “las facultades que la ley le otorga al Banco no podrán ejercerse de modo que, directa o indirectamente, signifiquen establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza”. Refiere que los informes emitidos por el Banco Central generan asimetría en la población, pues los datos que publica no pueden ser comprendidos a cabalidad por la ciudadanía. Además, de que los controladores del Banco generan pobreza, incertidumbre y constante amenaza de inestabilidad.

Respeto al Presidente de la República, que es el encargado de la política fiscal, afirma que ninguna persona lo entiende, pues no existe una información clarificadora de su parte en materia de políticas y confunde al mercado.