Con fecha 10 de abril de 2023, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.555, que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión.
El proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente Boric, se enmarca dentro de las iniciativas que tienen por objeto hacer frente al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia.
La iniciativa flexibiliza las condiciones de intervención de Gendarmería de Chile como auxiliar de la investigación, para lo cual, cambia el fundamento de la competencia de la institución penitenciaria, desde un criterio formal-territorial, esto es, confinado al interior de los recintos penitenciarios, a uno menos rígido, de sustento material, cuya determinación se basa exclusivamente en las necesidades de la investigación en los casos que las diligencias deban realizarse al interior de los establecimientos penitenciarios.
Para cumplir con ese propósito, la ley reemplaza el inciso final del artículo 79 del Código Procesal Penal, estableciendo que, tratándose de investigaciones en las que apareciere necesario el carácter auxiliar de Gendarmería de Chile para la realización de diligencias de investigación en el interior de establecimientos penales, el Ministerio Público también podrá impartirle instrucciones. En tales casos Gendarmería de Chile deberá actuar de conformidad con lo dispuesto en dicho Código.
Por otro lado, permite que Gendarmería acceda al Banco Unificado de Datos (BUD) para el cumplimiento de función como custodio y para la correcta segmentación de los procesados e incorpora a su director a la Comisión de Coordinación de Sistema de Justicia Penal, permitiendo a los funcionarios tener mayores atribuciones para realizar investigaciones al interior de las cárceles.
En cuanto al delito establecido en el artículo 304 bis del Código Penal, referido a la facilitación para la perpetración de alguno de los crímenes o simples delitos previstos en el artículo 27 letra a) de la ley N° 19.913, artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley N° 20.000, y en los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 438, 467 y 468 del Código Penal, establece una agravante para el caso en que la conducta descrita fuera cometida por un empleado público además de la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.
En cuanto al delito de extorsión, reemplaza el actual texto del artículo 438 del Código Penal, a fin de consagrar una norma de disposición patrimonial mediante coacción de forma amplia, no limitando sus medios comisivos y correspondiéndose con las penas asignadas para el delito de robo.
Por ello, la modificación establece que, se considerará como autor de este delito, a quien pretende obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero, y que constriñe a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero; y que será castigado con las penas señaladas para el culpable de robo.
Por último, introduce modificaciones al inciso primero del artículo 11 de la ley N° 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, reemplazando la conjunción copulativa “y” que sigue a la expresión “tribunales de justicia” por una coma, e intercalando, entre el vocablo “reinserción” y el punto que le sigue la frase “y en la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados en recintos penitenciarios”.