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Proyecto de ley obligaría a plataformas digitales con más de 200 mil usuarios a tener domicilio y representante legal en Chile

Fiscalización y persecución de delitos digitales

Proyecto de ley obligaría a plataformas digitales con más de 200 mil usuarios a tener domicilio y representante legal en Chile

Un proyecto de ley de autoría Daniel Manouchehri (A), patrocinado por los diputados Patricio Briones, Andrés Celis, Cristóbal Martínez, José Montalva, César Valenzuela y Gonzalo Winter, junto a las diputadas Daniela Serrano, Consuelo Veloso y Gael Yeomans, propone establecer nuevas obligaciones…

19 de octubre de 2026

El aumento del plazo de flagrancia y el desafío de las unidades macrozonales de flagrancia del Ministerio Público

Plazo de flagrancia

El aumento del plazo de flagrancia y el desafío de las unidades macrozonales de flagrancia del Ministerio Público

La ampliación de 12 a 24 horas del plazo de flagrancia para determinadas detenciones policiales modificará el funcionamiento de las unidades macrozonales del Ministerio Público. El nuevo escenario exigirá una dirección investigativa más activa desde las primeras horas, mayor coordinación policial y diligencias oportunas para fortalecer la prueba y sustentar la legalidad de la detención.

05 de octubre de 2026

¿Quién investiga a nuestros fiscales?

Falta de control interno fiscal

¿Quién investiga a nuestros fiscales?

A propósito de recientes investigaciones que han involucrado a exfiscales y funcionarios policiales, el autor analiza los mecanismos de control existentes al interior del Ministerio Público y plantea la conveniencia de crear un organismo especializado de control interno, como herramienta para fortalecer la probidad, prevenir conflictos de interés y reducir los riesgos de penetración del crimen organizado en las instituciones.

16 de septiembre de 2026

Alcaldes amenazados; el desamparo en su guerra contra la delincuencia

Amenazas a alcaldes

Alcaldes amenazados; el desamparo en su guerra contra la delincuencia

Las amenazas contra alcaldes y otras autoridades locales vuelven a poner en debate la capacidad del Estado para proteger a quienes enfrentan directamente al crimen organizado y a la delincuencia en sus comunas. El autor plantea que no basta con aumentar penas o crear nuevos delitos, sino que se requiere una estrategia transversal que reúna a autoridades, policías, fiscales, especialistas y comunidades para abordar el problema desde la realidad territorial.

07 de septiembre de 2026