El Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Eduardo Marcelo Rodríguez Romero a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de sustracción de menores con violación. Ilícito perpetrado en noviembre de 2019, en la comuna de Maipú.
En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Rodríguez Romero las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximum que establece el Código Penal.
El tribunal dio por acreditado, que en horas de la tarde del 30 de noviembre de 2019, mientras las víctimas menores de edad se encontraban en un skatepark de la comuna de Maipú, Eduardo Marcelo Rodríguez Romero las intimidó con un arma aparentemente de fuego, procediendo a sustraerles diversas especies, entre ellas celulares, mochilas, audífonos, pases escolares y un parlante. Posteriormente, el sentenciado trasladó a las víctimas bajo amenazas y en contra de sus voluntades hasta una construcción contigua, donde realizó los ataques sexuales.
Además, el tribunal impuso al sentenciado la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad y la inhabilitación absoluta temporal por diez años, para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, contemplada en el artículo 372, inciso tercero del Código Penal, en relación con el artículo 39 del código punitivo.
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Asimismo, el condenado deberá purgar la pena de ocho años de presidio y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, mientras dure la condena, en tanto autor del delito de robo con intimidación, cometido en contra de las dos víctimas menores de edad.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.