Se interpuso ante la Corte de Punta Arenas recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Magallanes, la Delegación Presidencial de Magallanes, la Municipalidad de Punta Arenas, la SEREMI de Salud de Magallanes y el Servicio de Salud de Magallanes, por el abandono del ex Hospital Regional de Punta Arenas.
El recurrente expuso que, tiene su domicilio particular cercano al ex centro asistencial cuya infraestructura ha sido reiteradamente incendiada, destruida por las condiciones climáticas y de terceros, sumado a las plagas de ratones y otros que se dan en el lugar.
Añade que, desde la época en que fue abandonado, vecinos del sector han sido afectados en sus derechos fundamentales, pues es un hecho público y notorio que, en el recinto del ex Hospital, se han registrado una serie de delitos, que han sido conocidos profusamente por los medios de comunicación local y regionales, además de innumerables incendios, que han provocado alarma pública, especialmente a los vecinos del ex hospital y a toda la comunidad.
Indica que, la SEREMI de Salud no ha realizado acción concreta alguna para calificar la insalubridad del edificio y sus construcciones aledañas, tampoco ha realizado acciones sanitarias para evitar la propagación de plagas de ratones, de palomas, de insectos, ni ha ordenado el inicio de sumarios sanitarios post incendios.
Menciona que, el Gobierno Regional tampoco ha adoptado alguna acción concreta para evitar que se continúen desarrollando actos vandálicos, destrucción del inmueble y edificios aledaños
Agrega que, la Municipalidad de Punta Arenas, no ha realizado gestión alguna para fiscalizar y dar cumplimiento con la ordenanza ni la ley general de urbanismo y construcciones.
Señala que la Delegación Presidencial de Magallanes no ha realizado acción alguna que sirva de base para la protección de los derechos fundamentales, no adoptando medidas de seguridad alguna para velar por la protección de los residentes.
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Finalmente, alega que el Servicio de Salud, según entiende, propietario del inmueble, no ha realizado ninguna acción desde la fecha de cese de funciones del establecimiento.
Considera conculcados el derecho a la vida, a la integridad física y sicológica, propia y de su familia; la igualdad ante la ley; el derecho de propiedad; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo que solicita a la Corte que ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal de los recurridos, entre las cuales incluye una adecuada coordinación de las acciones presentes y futuras de estas.
El Servicio de Salud de Magallanes presentó su informe desligando responsabilidad, por falta de legitimidad pasiva, toda vez que el inmueble en cuestión, desde el año 2013, pertenece al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
Vea recurso e informe, Corte de Punta Arenas, ROL 180-2023