El artículo 48 del anteproyecto redactado por la Comisión Experta, aprobado en general y por unanimidad a comienzos de abril, cuenta actualmente con solo dos incisos.

En el primero de ellos se puede leer simplemente “Sistema electoral”. Al no haber encontrado acuerdos en la etapa de ingreso de las iniciativas de norma, los integrantes de la subcomisión de Sistema Político decidieron postergar su redacción al periodo de enmiendas. 

En el segundo podemos leer la norma que consagra un piso mínimo para ser electo en el parlamento: “Sólo los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional”.

Estos dos incisos hacen del artículo 48, contenido en el cuarto capítulo del anteproyecto, uno de los puntos claves del sistema político que la Comisión Experta propondrá al futuro Consejo Constitucional. Sin embargo, las diferencias sobre el contenido son abismales. Prueba de aquello son las ocho enmiendas que el artículo recibió, muchas de ellas incompatibles entre sí.

Si bien en un principio existió acuerdo en la creación de un umbral del 5% entre la mayoría de los expertos, ahora ambos sectores ingresaron indicaciones para modificar el resto del articulado, aunque concuerdan en la existencia de un mínimo porcentaje.

Una de ellas propone mantener este piso, pero incluyendo la posibilidad de que, aquellos partidos que no alcanzan el mínimo de votos, puedan “constituir federaciones al objeto de cumplir con la referida exigencia”. La iniciativa fue presentada por comisionados de ambos lados del espectro político: Alexis Cortés (PC), Magaly Fuenzalida (FRVS), Alejandra Krauss (DC), Paz Anastasiadis (DC), Jaime Arancibia (RN) y Marcela Peredo (Ind-PDG).

“Pensamos que hay varios grupos importantes de la sociedad, que reflejan una forma nueva de hacer política, que también tienen que tener espacio para poder adaptarse a la norma que se propone”, argumentó la comisionada Peredo. La experta explica que comparte la idea para generar mayor estabilidad política y capacidad de gobernanza, pero que “parece injusto dejar absolutamente afuera a movimientos políticos que tienen representación política”.

Por otro lado, la enmienda ingresada por los comisionados de oposición Máximo Pávez (UDI), Natalia González (UDI), Hernán Larraín (UDI), Juan José Ossa (RN), Katherine Martorell (RN) y Sebastián Soto (Evopoli) limita la medida a únicamente la cámara de diputados. 

Los mismos comisionados, además, ingresaron otra indicación para incorporar dos párrafos al inciso, en donde se estipula que “la regla antes referida no aplicará en caso que el partido tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional”, además de incorporar un mecanismo para que “los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores, se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados”.

Un inciso sin acuerdo

El grueso de las discrepancias están, sin embargo, en el Sistema Electoral. Los comisionados tampoco pudieron consensuar acuerdos en esta ronda sobre si se deben adoptar listas abiertas o cerradas, la posibilidad de celebrar pactos entre partidos y la participación de independientes.

Por esta razón, dos indicaciones fueron ingresadas para modificar el inciso primero del artículo 48. Una presentada por expertos de oposición y otra del oficialismo, ambas con énfasis muy diferentes.

La primera fue patrocinada por los comisionados Sebastián Soto (Evopoli), Juan José Ossa (RN), Katherine Martorell (RN), Máximo Pávez (UDI), Natalia González (UDI) y Hernán Larraín (UDI), y busca mantener la tradición electoral tal como se le conoce.

Primero, se estipula que las elecciones del Congreso Nacional promoverán el “acceso igualitario de mujeres y hombres y la igualdad en el peso del voto”. Luego, consagra que sus miembros podrán ser “electos en listas de uno o más partidos”. Y, además, prohíbe la presentación de “listas de candidatos independientes”.

Por otro lado, la propuesta oficialista, impulsada por los comisionados Franciso Soto (PPD), Leslie Sánchez (PL), Antonia Rivas (CS), Flavio Quezada (PS), Catalina Lagos (PS) y Gabriel Osorio (PS) busca generar condiciones para evitar la dispersión política.

La enmienda estipula que “las elecciones parlamentarias se harán mediante un sistema electoral que dé por resultado, en la práctica, una efectiva proporcionalidad en la representación de los partidos políticos, en listas cerradas y bloqueadas, en la que el orden de precedencia de las candidaturas se alternará entre mujeres y hombres”.

“Nos interesa promover la disciplina partidaria, la promoción de partidos programáticos, la posibilidad de que los partidos promuevan la paridad y la presencia de candidaturas indígenas”, explica el comisionado Francisco Soto (PPD), integrante de la subcomisión de Sistema Político.

La indicación del oficialismo también aclara que “cada partido político constituirá una lista y aquellos no podrán celebrar pactos electorales”. Además, si bien prohíbe las listas independientes, “los partidos políticos podrán declarar, al interior de sus listas, candidaturas independientes”.

Fortalecer a los partidos políticos

Otra de las aristas impulsadas para reformar el sistema político y evitar la dispersión parlamentaria son los incisos décimo y undécimo del artículo 62. En el primero se lee que “cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura”.

No todos los expertos estuvieron de acuerdo con la medida en la etapa de la presentación de normas, pues defendieron la libertad de acción de los parlamentarios para tomar decisiones de conciencia. 

Sin embargo, el grueso del debate en medios y académicos se centró en el undécimo inciso, que estipula que “cesará, asimismo, en su cargo el diputado o senador que sea sancionado con la expulsión del partido político”. 

Si bien las medidas de la subcomisión buscan fortalecer el rol de los partidos, incluso políticos se han mostrado precavidos con una medida que, a sus ojos, puede abrir la puerta a amedrentamientos de las mismas colectividades a sus parlamentarios.

En la oposición hay visiones encontradas al respecto, e ingresaron dos enmiendas diferentes respecto a la cesación de los escaños, una de ellas para modificar el inciso y otra para suprimirlo. 

La comisionada Marcela Peredo (Ind-PDG) suscribió -junto a los comisionados Jaime Arancibia (RN), Carlos Frontaura (Republicanos), Hernán Larraín (UDI) y Máximo Pavez (UDI)- esta última indicación.

“Era una sanción desproporcionada. Creo que hay que ser respetuoso de la democracia representativa y, de hecho, nosotros fuimos nombrados por la democracia representativa, que está en el congreso. Y, por lo mismo, la sanción por cuestiones partidistas no hace relación con el derecho a sufragio”, sostuvo la experta patrocinada por diputados RN, Amarillos y ex PDG. 

En cambio, la otra indicación presentada estipula que la expulsión del parlamentario se hará “en conformidad a las causales que determine la ley y tras un procedimiento racional y justo”. Fue patrocinada por las comisionadas Katherine Martorell (RN) y Natalia González (UDI), y los comisionados Sebastián Soto (Evopoli), Juan José Ossa (RN), Máximo Pavez (UDI) y Hernán Larraín (UDI).

El oficialismo, en cambio, no presentó indicación alguna al inciso. “Pensamos que la propuesta normativa fue generada a través de un amplio acuerdo de la subcomisión, entregando a la justicia electoral la posibilidad de revisar este tipo de decisiones, garantizando no se comentan abusos en este tipo de medidas”, explicó el experto Francisco Soto (PPD)

Todas estas enmiendas serán remitidas a la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. La instancia tendrá que pronunciarse: si es aprobada con un quórum de 3/5 (4 de 6 integrantes), pasará a ser discutida en el pleno, donde sólo podrá formar parte del anteproyecto una vez se consiga el voto favorable de 14 de los 24 comisionados (3/5).