La Comisión Experta inició su etapa final. Atrás quedaron las deliberaciones en las subcomisiones y ahora es el pleno el encargado de, una vez por todas, despachar los capítulos del anteproyecto. Mientras tanto, los partidos comienzan a delinear sus acciones en el futuro consejo, y el gobierno a contener el remezón de los “monos peludos”.
Todo esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional.
En las páginas de los medios del pasado fin de semana se repetía un elemento en común: las congratulaciones al trabajo de la Comisión Experta. No era para menos. La instancia había acordado la aprobación de enmiendas transversales que dejaron satisfechos tanto a oficialismo como a oposición.
Fue una tarea que, por momentos, se volvió tensa y compleja, y con el latente temor de no poder llegar a buen puerto. Pero los acercamientos entre una serie de comisionados de lo largo y ancho del espectro político terminaron por destrabar las negociaciones.
Diferentes columnas de opinión celebraron los acuerdos, tildándolos como el prometedor inicio de un “círculo virtuoso”, o agradeciendo que haya primado “la racionalidad, el bien común y la comprensión de que el atrincheramiento paralizante no da para más”. Otros, además de elogiar los avances, explicaban sus razones: “la izquierda llegó a la conclusión de que no puede restarse y la derecha que debe facilitar las cosas para que la izquierda no quede excluida”.
E incluso las editoriales de uno que otro medio, y alguno más importante que otro, calificaron los avances de la Comisión Experta como “un importante paso hacia una nueva constitución” al abarcar a todo el espectro político, y al marcar una diferencia abismal con el “programa de gobierno” de izquierda que fue la convención pasada.
Los mismos comisionados también se mostraron más que conformes con el anteproyecto. El experto con cupo de Renovación Nacional (RN), Jaime Arancibia, sostuvo que es “el texto de mi sueño democrático”, además de advertir que “una Constitución en democracia para ser válida tiene que ser fruto de un acuerdo que sea representativo de la gran mayoría de la sensibilidad política”.
Lo propio declaró la comisionada por Convergencia Social Antonia Rivas. La abogada destacó la disposición de la oposición a llegar a entendimientos. “Nuestro acuerdo muestra que es posible escribir una Constitución desde el PC hasta los republicanos”, reflexionó.
E incluso la presidenta de Evópoli y consejera electa, Gloria Hutt, calificó el trabajo de la Comisión Experta como “buenísimo”, “completo, consistente y que se lee con mucha facilidad”, y que gustaría intentar replicar en el Consejo.
Pero no todo fueron vítores y aplausos el fin de semana pasado. También en las páginas de los medios se hicieron ver aprehensiones y resquemores sobre el anteproyecto. Una de esas columnas defendió que, lejos de lo que algunos han dicho, este es simplemente el punto de partida y no un texto similar al que se someterá a votación en diciembre próximo. Asimismo, criticó la norma transitoria sobre paridad o la iniciativa popular derogatoria de ley.
También, hubo quien lamentó que la propuesta de la Comisión deje en manos de los incumbentes la reforma al sistema electoral, y no hayan sido los mismos expertos quienes hayan zanjado el tema. El temor no es de unos pocos, pues incluso editoriales han denunciado lo delicado que puede ser que los mismos parlamentarios legislen sobre el tema.
Y además, una serie de expertos cuestionaron que el anteproyecto de la Comisión omitiera los derechos de las niñas, niños y adolescentes. “Resulta humillante para este sector de la población que la Constitución Política desconozca su especial estatus jurídico de personas que no solo buscan ser reconocidas como objetos de protección, sino también como personas titulares de derechos”, declararon. Y, al parecer, las quejas dieron resultado.
De las subcomisiones al pleno: las votaciones de las enmiendas
Fue en este ambiente que la Comisión Experta se encomendó a la votación en general de las enmiendas ya acordadas en las subcomisiones. Tras el visto bueno del secretario del órgano, y luego de reingresar algunas enmiendas “testimoniales” que en ningún caso alcanzaban el quórum necesario de 3/5 para su aprobación, la tarde de este martes se dio puesta en marcha a la discusión del primer capítulo del borrador en el pleno: Fundamentos del Orden Constitucional.
En la instancia, los expertos deliberaron y visaron los 17 artículos del acápite, consagrando normas como el Estado social (ahora en el segundo inciso del primer artículo) y unitario, la definición de república democrática, el reconocimiento de pueblos indígenas, la dignidad de la persona, la autonomía de agrupaciones sociales, participación igualitaria entre hombres y mujeres, la familia como núcleo de la sociedad, entre otros temas. Esto no fue sorpresa para nadie.
La tónica fue la unanimidad, fruto de los acuerdos alcanzados dentro de las mismas subcomisiones. Y prueba de ello fue la inclusión de una norma que hasta entonces no había sido aprobada por las subcomisiones, y que fue incorporada a través de “unidad de propósito”: “La Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia”.
Sin embargo, seis artículos sí recibieron votos en contra, como la abstención del comisionado Carlos Frontaura (Republicano) en el reconocimiento de derechos indígenas; los votos en contra del mismo Frontaura y de la comisionada Marcela Peredo (IND-PDG) en paridad; o el voto en contra del experto Alexis Cortés (PC) en consagrar a la familia como el núcleo central de la sociedad.
La misma postura de respetar los acuerdos alcanzados se repitió durante los plenos del día miércoles. En la jornada se comenzó la discusión del segundo capítulo del anteproyecto: Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales. Pero, esta vez, la conversación tomó un tono un poco más deliberante.
Si bien se visó por unanimidad artículos que, por ejemplo, consagran las normas sobre nacionalidad y ciudadanía, el marco general de los derechos sociales, el catálogo de los deberes (lo que viene a ser una innovación con respecto a la vigente Carta Magna), o los cuatro estado de excepción vigentes, también hubo enmiendas que fueron debatidas por el oficialismo y la oposición.
Una de ellas fue la protección de la vida del que está por nacer. No fue, sin embargo, sorpresa para nadie. En las tratativas entre el oficialismo y la oposición nunca se pudo llegar a acuerdo. Y, de hecho, la indicación se contradecía con una de las propuestas impulsadas por el oficialismo: los derechos sexuales y reproductivos. Fue entonces casi un acuerdo tácito que ninguno de los dos sectores apoyara las enmiendas del otro.
La enmienda se entendió rechazada con 11 votos a favor, todos de la oposición, y 10 votos en contra, todos del oficialismo. Las dos comisionadas DC, Alejandra Krauss y Paz Anastasiadis, decidieron abstenerse.
Otra de las discusiones polémicas fue la no inclusión del inciso sobre la libertad de elección de cotizaciones y el régimen de salud. Mientras la oposición impulsó su consagración, el oficialismo acusó que la norma “constitucionaliza las Isapres”. Y algo similar ocurrió con la seguridad social: la oposición reingresó una enmienda para garantizar la libertad de los cotizantes a elegir el destino (privado o público) de sus ahorros. Ninguna de ellas contó con los votos necesarios para prosperar.
Otras normas que fueron aprobadas durante aquella jornadas fueron la libertad sindical (donde ahora los empleados públicos podrán ejercer este derecho), la libertad de enseñanza y de educación y también los derechos de agua. El artículo no es muy diferente al que está vigente en la actual constitución, y recibió el apoyo de comisionados del Frente Amplio y del PC, pese a que durante la pasada convención impulsaron la idea de proscribir su propiedad y solo autorizar su uso para fines “incomerciables”.
El día jueves, la Comisión Experta inició las discusiones sobre el tercer capítulo del anteproyecto: Representación Política y Participación. Y, nuevamente, los acuerdos alcanzados en las subcomisiones fueron respetados. No por nada este ha sido el primer acápite donde todos sus artículos fueron aprobados por unanimidad, pese a lo controversial de las normas.
En específico, el capítulo regula el nuevo sistema político chileno. Y su articulado otorga una regulación mucho más robusta y profesional a los partidos políticos. En términos simples, las colectividades han sido fortalecidas y los personalismos debilitados.
Así, el nuevo texto reintroduce las órdenes de partido; órdenes que “serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales estén directamente en juego los principios del partido o su programa”. El fin de la norma es impulsar la disciplina partidaria.
Asimismo, el pleno consagró las iniciativas populares de ley y las iniciativas derogatorias de ley. En el caso de la primera, el 4% del último padrón electoral podrá presentar, ante la Cámara de diputados o del senado, una propuesta de ley para tramitarse. Y, en el caso del segundo, el 3% del último padrón electoral podrá, ante el Servel, ingresar una iniciativa de derogación total o parcial de alguna ley aprobada por el parlamento. Tendrá, eso sí, que ser sometida a referendo.
Y las profundizaciones en el sistema político iban a continuar este viernes. Mientras se escribían estas líneas, la Comisión Experta iniciaba las deliberaciones del cuarto capítulo del anteproyecto: Congreso Nacional. Y no se esperaban grandes sorpresas: continuar con la tónica de respetar los acuerdos encontrados.
“Fuego amigo”
A este paso, la Comisión Experta terminará su trabajo con un texto sólido, transversal y dentro del plazo mandatado. Pero ya se han comenzado a deslizar cuestionamientos a sus contenidos. No solo es un hecho que las modificaciones al sistema político cayó como patada en la guata a algunos parlamentarios, sino que incluso han existido ácidas críticas al acuerdo general. Una de ellas del edil de recoleta, Daniel Jadue (PC).
El ex-abanderado presidencial cuestionó los alcances del proceso por los bordes constitucionales, lamentó la inclusión de elementos “vergonzosos” como algunos deberes constitucionales, y calificó el anteproyecto como “un trabajo de niños de 4° medio”. Lo único que el alcalde rescata son los resultados para el Partido Comunista en las pasadas elecciones, y que sean los republicanos quienes manejen el Consejo Constitucional: “en solo seis meses vamos a saber todo aquello de lo que son capaces y de lo que no son capaces los republicanos”.
No solo Jadue ha cuestionado los contenidos o el proceso constitucional desde el mundo comunista. El ex-convencional Hugo Gutiérrez, la diputada Carmen Hertz o el también diputado Boris Barrera también han tenido palabras que han incomodado a la misma colectividad y a su comisionado designado: Alexis Cortés. El sociólogo ha defendido el texto en reiteradas ocasiones, y argumentó que, si bien entiende las críticas desde la izquierda y comparte algunas de ellas, los artículos deben ser entendidos de manera integral y no como elementos aislados.
Y es que para el comisionado es esencial mantener la concordia dentro de la Comisión. En esta recta final, los integrantes del órgano han evitado entrar en polémicas, enfrascarse en discusiones e incurrir en trascendidos que terminen contaminando el ambiente. Más aún cuando los comisionados buscan proponer un texto lo suficientemente transversal y técnico para evitar grandes modificaciones. Esta es una de las definiciones que se adoptaron tras la arremetida de los republicanos.
Los gallitos en la conformación de la mesa del Consejo
El partido presidido por Arturo Squella atraviesa problemas y dilemas. Una de ellas es cómo contener las polémicas declaraciones de sus consejeros. Sin ir más lejos, la primera mayoría nacional, Luís Silva, tuvo que explicar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sus dichos emitidos en una entrevista en el Diario Financiero. El “profe” apuntó que no se debe “irritar” a las “minorías”, aunque es difícil encontrar acuerdos transversales.
Pero también está el dilema de qué hacer con su principal y más emblemática figura: José Antonio Kast. No es secreto para nadie que el fundador del partido busca una nueva aventura presidencial. Y, en ese contexto, la duda es qué tanto debe involucrarse en el proceso constitucional. Es un arma de doble filo: si el proceso fracasa gran parte de la culpa recaerá en su figura, y sus posibilidades de llegar al palacio de La Moneda quedarán embargadas. En consecuencia, el excandidato presidencial habría optado a dar un paso al costado y dejar que sean los consejeros republicanos los que tomen el mayor protagonismo.
Pero no todos son tragos amargos y tortuosos para el Partido Republicano. Esta semana, la colectividad adoptó los primeros lineamientos luego de cerrar la arribada del ex militante y abogado, Jorge Barrera. El académico, quien residía en Estados Unidos y que alguna vez sonó como nuevo contralor de la república, será el jefe de asesores y coordinador constitucional de la bancada de consejeros republicanos.
Su llegada no es casualidad. Desde el día después de las elecciones, el presidente de la tienda, Arturo Squella, se contactó con el abogado para ofrecerle un cargo como asesor. Y es que Barrera no solo ha estado involucrado con los republicanos desde la gestación del partido, sino que también cuenta con un perfil “moderado” y amplias conexiones políticas.
En esa misma línea, otra de las pretensiones de la colectividad ha sido posicionar a la consejera Beatriz Hevia como la articuladora de su bancada. Al igual que Barrera, la integrante electa por la región de Los Lagos ha sido una colaboradora de José Antonio Kast desde los inicios del partido y tiene un perfil “dialogante”. Por esto mismo, incluso se barajó la idea de que sea ella quien presida el Consejo Constitucional.
Quien lidere la mesa directiva ha sido todo un tema. Si bien en un principio existía el rumor de que, tal vez, el Partido Republicano terminaría por desistir de presidir el Consejo, hoy esa posibilidad parece haberse esfumado. Luís Silva sería la principal carta, por ahora, para tomar el control. Pero aún no hay nada concreto.
En el Partido Republicano no ha sido fácil tomar una decisión al respecto. Y de hecho incluso se ha cuestionado si es lo más sensato hacerse cargo de la mesa. Pero el apoyo (o presión) de Chile Vamos para que desde las filas republicanas salga el próximo presidente del Consejo ha hecho, al parecer, mover la balanza. Y, de hecho, el presidente de RN, Francisco Chahuán, les pidió asumir la responsabilidad.
Por eso, la colectividad ha intentado delimitar nombres no en base a la cantidad de votos obtenidos en las pasadas elecciones. Se busca, por el contrario, una persona que tenga tintes institucionales. Pero esas no son todas las dificultades. El Partido también tiene que definir las comisiones a las que serán designados los consejeros electos y al jefe de bancada.
Sin embargo, tal vez la decisión final de los republicanos no pase por el análisis de estos elementos, sino que por los nombres que comiencen a sonar para formar parte de la mesa.
Una de las figuras que ha propuesto el oficialismo para vice-presidir el Consejo Constitucional es la del ex-rector Aldo Valle, electo como independiente por el Partido Socialista. Como sostuvo la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, su nombre genera consenso por su trayectoria académica.
Por esta razón, y de ser electo como vicepresidente el consejero por la región de Valparaíso, el Partido Republicano intentaría levantar el nombre de alguien que pueda ser un contrapeso para Valle. Pero eso estará por verse.
La instalación oficialista
Mientras, la coalición de gobierno comienza también a gestionar reuniones para coordinar a sus consejeros electos y tomar definiciones. La primera de ellas fue el pasado sábado, en la sede del Partido Socialista en la calle París. Allí se abordaron los lineamientos para el proceso constitucional, además de hacer un llamado a la unidad en medio de las fricciones de los últimos meses.
La segunda estaba acordada para realizarse este pasado jueves, de nuevo en la sede socialista y donde de nuevo asistirían los consejeros para coordinarse de cara a la instalación del Consejo.
Además, el oficialismo ha continuado sus conversaciones con el Consejero Mapuche, Alihuén Antileo. Esta semana fue el consejero de Revolución Democrática (RD), Julio Ñanco, quien se contactó a través de las RRSS. Se prevee que, primero, existan instancias más formales donde puedan conversar y, segundo, que su incorporación a la bancada oficialista sea más compleja de lo que parece. Aunque también se espera que se pueda llegar a entendimientos entre los tres representantes del mundo mapuche que tendrá el Consejo Constitucional: Antileo, Ñanco y la también RD por La Araucanía, Kinturay Melín.
La sumatoria de Antileo deja, igualmente, lejos al oficialismo de alcanzar poder de veto en el Consejo. En el oficialismo reconocen que los resultados de las elecciones no fueron los óptimos para el sector, y que esperan -como declaró la vicepresidenta de Convergencia Social (CS), Ximena Peralta- que quienes empujaron la idea de competir separados en las elecciones constituyentes realicen una profunda autocrítica.
Sea como sea, la gran incertidumbre dentro del oficialismo sigue siendo el actuar que tendrá el Partido Republicano dentro (y fuera) del Consejo. Sin embargo, existe la certeza de que es necesario ponerle punto final al proceso constituyente y de forma exitosa. Eso sostuvo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y militante de RD, Catalina Perez, quien incluso sostuvo que será la vía reformista la forma de realizar los cambios a la Constitución de no llegar a buen puerto la propuesta del Consejo.
Esta incertidumbre también fue compartida por la ministra del interior Carolina Toha, quien declaró que se debe respetar y dar cumplimiento a los 12 puntos que están como base para la redacción de la nueva Constitución. Sus declaraciones marcan, hasta cierto punto, un acercamiento del ejecutivo con el proceso constitucional.
Hasta hace poco, el Gobierno había intentado mantener su distancia. A diferencia de lo sucedido con la convención, ministros y subsecretarios han mantenido la cautela y la prescindencia de declaraciones a favor o en contra de medidas controvertidas del anteproyecto, como la no inclusión de la “constitucionalización” de las Isapres o, incluso, el polémico umbral del 5%, que ha incluso generado escozor en partidos oficialistas.
Sin embargo, sumado a las palabras de Toha, el gobierno sí ha comenzado a emitir, paulatinamente, pronunciamientos respecto a principios, como la consagración de la paridad en la nueva constitución. La ministra de la mujer Antonia Orellana sostuvo que falta “harto camino para ver como queda esa norma”, y que siempre “vamos a seguir apoyando la paridad como principio”.
“Los monos peludos”
Otra ministra que hizo noticia esta semana fue Carolina Tohá, pero no precisamente por lo que dijo o hizo, sino por las desafortunadas declaraciones de la presidenta de su partido, Natalia Piergentili. La timonel del PPD dio inicio a una pesadilla dentro de su propia coalición, con ánimos crispados de lado y lado.
A dos semanas de su delicada derrota en las elecciones, la presidenta del PPD concedió una entrevista a La Tercera donde sinceró sus análisis sobre el porqué de los resultado: “si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica”, expresó. Como era de esperar, la frase sacó ronchas y se transformó en el principal debate en los medios.
Por si fuera poco referirse de esa forma al 30% que ha mantenido su voto en el gobierno, la timonel del PPD desestimó la importancia de la agenda de identidad sexogenéricas impulsadas por el Frente Amplio y el PC, calificándolas de “leseras”.
Desde el oficialismo lamentaron las declaraciones, pero también llamaron a la unidad, tal como lo hizo el senador y presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre. También pidió evitar las disputas a través de medios en este momento clave: la antesala del funcionamiento del Consejo Constitucional donde existe una mayoría republicana.
Desde el PS demostraron rápidamente su malestar. La presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, señaló que la excandidata al Consejo se había equivocado con sus expresiones y que, en conversación con ella, esta reconoció su error. También, el diputado socialista, Daniel Manocheheri, afirmó que lo propuesto por Piergentili es falso, ya que la agenda del gobierno beneficia a millones de personas y no a una minoría. “Debería tener un poco más de autocrítica, de humildad”, señaló el jefe de bancada sobre la presidenta del PPD.
Por su lado, desde el PC, tildaron de falta de respeto el referirse como “monos peludos” al electorado del oficialismo y, desde el Partido Radical, argumentaron que “no era la forma”.
Pero eso no es todo. Desde Apruebo Dignidad, la parlamentaria de Convergencia Social, Emilia Schneider, catalogó de “intolerables” las palabras de Piergentili, que según su parecer, estaría utilizando a mujeres y población LGBTQ+ como chivo expiatorio para argumentar su fracaso en las elecciones.
En el gobierno, la más afectada con las declaraciones fue la ministra del Interior y también militante del PPD, Carolina Tohá. Y es que no fue gracia para ella. De hecho, no tardó en contactar a la timonel por teléfono. En la conversación, Tohá habría “retado” a Piergentili por sus dichos y su visión ofensiva. Pero la controversia dentro del partido quedó lejos de terminar ahí.
El llamado de atención de Tohá provocó un emplazamiento directo a su persona por parte de la vicepresidenta del partido, Paz Suárez. No se guardó nada, y le recordó a la ministra del Interior su involucramiento en el caso SQM donde se vio envuelta la entonces alcaldesa de Santiago.
“Se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema SQM, así que se enoje lo que quiera (…)”, expresó Suárez, quien será llevada ante el Tribunal Supremo el partido tras sus declaraciones.
Esto abrió una herida y además, una crisis dentro de la colectividad. Desde la directiva del partido ratificaron que la opinión de Suárez fue errónea y reafirmaron su apoyo al gobierno de Boric. El secretario general del partido, José Toro Kemp, señaló que las palabras de Suárez no representan la mesa directiva. Sin embargo, no todos dentro de la colectividad creen que el apoyo al ejecutivo no está en entredicho.
El lunes pasado se reunió la coalición con el objetivo de analizar su mal resultado en las elecciones, oportunidad que tomó Piergentili para disculparse por sus dichos. Pero, a raíz de esta polémica, en la misma cita el ex-ministro Francisco Vidal solicitó una votación para que el PPD defina si seguirá alineado con el gobierno, instancia en que la mesa ratificó su apoyo. Además, se adelantó que el partido propondrá una fecha para las elecciones internas al Consejo Nacional de la colectividad, instancia que se dará este sábado, y donde Piergentili tal vez decida no repostular a la presidencia.
El futuro del partido estará por verse, y existe una larga lista de posibles candidatos a tomar las riendas de la colectividad. Ricardo Lagos Weber, Nicolás Eyzaguirre, o el mismo Francisco Vidal son algunos de los nombres que toman mayor fuerza.
Y siguen las repercusiones de las elecciones
Esa no fue, sin embargo, la única secuela de la saga de las elecciones. Las casi tres semanas que han pasado desde los comicios no han detenido las reacciones y reconfiguraciones dentro de los partidos políticos. Y es que lo sucedido el 7M sigue dando de qué hablar.
La UDI, por ejemplo, deliberó en su reunión semanal sobre la contingencia que ha traído consigo las pasadas elecciones. En este sentido, la bancada estableció que es preferible priorizar temas relevantes para la ciudadanía en la agenda legislativa y dejar el proceso constitucional en mano de los consejeros elegidos.
Sin embargo, la fuga de militantes en este partido también ha encendido las alarmas, dejando a las bases preocupadas debido a la fuga. No es casualidad que coincida con la creación del Partido Republicano. Si bien el gremialismo aún tiene 34.709 militantes entre sus filas, la tienda de Kast está muy por encima. Lo anterior ha puesto nervioso a la UDI por un eventual triunfo de los republicanos en las próximas elecciones municipales, las cuales históricamente han anticipado el resultado de las presidenciales.
Otra de las colectividades de la oposición que ha tenido turbulencias por estos días ha sido Renovación Nacional (RN). Su presidente, Francisco Chahuán, sostuvo que la tienda contribuirá con votos importantes en el Consejo Constitucional, pero sin mimetizarse con el Partido Republicano.
Aun así, el sabor amargo todavía se mantiene. RN prepara ya las elecciones internas para definir, el próximo 19 de agosto, la nueva mesa directiva. La carrera por quedarse con la nueva mesa directiva está que arde. Pero ya hay algo claro: la “dupla Cha-Sha” no irá por la reelección, o al menos no en conjunto. Chahuán no se ha cerrado del todo a la idea de competir por estar otros dos años al frente de la tienda, y por eso el “Congreso Ideológico” del partido a celebrarse en julio próximo será clave.
Sin embargo, su figura quedó muy desgastada, debido a errores como haberse abierto a la posibilidad de que sea un órgano estatal el que controle los fondos de pensiones. Además, de posibles encontrones con Schalper, de quien se dice era el verdadero presidente de RN y que, además, podría sumarse a una posible candidatura de Diego Paulsen.
Pero la oposición más grande está en la senadora de Antofagasta, Paulina Núñez, quien a su favor cuenta con la ventaja de que sería la primera vez que una mujer preside RN, que “no es de apellido”, y además viene de regiones. Por si fuera poco, la senadora se alió con otra figura importante y que sonaba como candidato: el alcalde de Puente Alto Germán Codina.
Otro partido, hasta ahora de oposición, que ha estado viviendo tiempos agitados es la Democracia Cristiana. La DC discute la posibilidad de ingresar formalmente al gobierno, pese a que aún no existen invitaciones explícitas del oficialismo. Sin embargo, en la noche del 7M, el secretario general del PS, Camilo Escalona, afirmó abiertamente en una reunión que la falange debía ingresar al gobierno, propuesta que recibió el apoyo del FA y el PC.
¿La razón de toda esta discusión?: la posible intrascendencia del partido. De hecho, muchos creen que, de seguir su camino solitario, la DC podría desaparecer, más aún con nuevas medidas como el próximo umbral del 5%. También, ser parte del gobierno no solo les permitiría alcanzar mejores resultados en las próximas municipales, sino que incluso, con una posible visión más ambiciosa, podrían alcanzar puestos ministeriales o subsecretarías.
Pero como en todo lugar, no todos están a favor: para algunos, aliarse con el gobierno es dejar huérfano a una electorado que está en contra del Ejecutivo y, además, podría provocar una nueva ola de renuncias a la tienda, ya que el gobierno anticipó que no moderaría el programa. Tampoco es opción generar lazos con la derecha, con quienes tienen diferencias culturales e históricas.
Ahora bien, mientras se decide si existirá -o no- invitación formal hacia, el Frente Amplio necesita analizar de qué forma el proyecto político se encauza tras las elecciones, entender la aparición de la nueva izquierda y establecer cuál es el objetivo de esta corriente política. Lo anterior, en vista de mejorar y fortalecer el programa de gobierno.
Pero es el Partido de la Gente la colectividad que más problemas ha tenido que enfrentar estas últimas semanas. Su principal figura, Franco Parisi, terminó derrotado tras las elecciones, luego de que no obtuviese ningún escaño en el Consejo Constitucional. Y ahora, su rol es incluso cuestionado.
Las razones apuntan, en parte, a las polémicas por las que pasa el ex-abanderado presidencial. La empresa de los panelistas de su programa Bad Boys, Giancarlo Barbagelata y Juan Marcelo Valenzuela -ambos cercanos a Franco Parisi-, se hizo cargo de la campaña con un monto de 95 millones 200 mil pesos. La noticia ha generado molestia en los militantes.
Pero también el apoyo de su colectividad dentro del Congreso tampoco se ha deteriorado. Rubén Oyarzo, diputado del PDG, cuestionó el liderazgo de Franco Parisi, calificándolo de “agotado”, y sosteniendo que no puede vivir en Estados Unidos y pretender tener un rol importante. Además, criticó el rol de la directiva nacional y de los canales informales como Bad Boys que tensionaron el ambiente de cara a las elecciones.
Por si fuera poco, apuntó sus dardos también a la mala maniobra comunicacional de Parisi la noche de las elecciones: realizar una conferencia de prensa desde el aeropuerto. En línea con lo anterior, planteó que urge buscar nuevos liderazgos y definir la línea ideológica del partido, pues los resultados del 7M reflejaron que no pudieron llegar al electorado de centro.
Ojo con la consulta indígena y el caso de Loncón
Otra de las controversias de la semana ha estado en la inexistencia de una consulta indígena formal sobre el proceso constitucional. En este sentido, el único representante con escaño reservado, Alihuen Antileo, anticipó que esta será una tarea extra que le corresponderá realizar al Consejo Constitucional.
La medida ha sido solicitada por dirigentes mapuches con el objetivo de validar el borrador constitucional. Y el primer llamado de los líderes fue ya hace mucho para la Comisión Experta, con el objetivo que el organismo realizara un pronunciamiento formal sobre la realización de la consulta de pueblos originarios.
Sin embargo, tras la petición, los expertos argumentaron que no tienen las facultades para mandatar un mecanismo de ese tipo. La presidenta del órgano redactor, Verónica Undurraga, explicó que se le solicitó a la Secretaría de Participación Ciudadana que trabajara en mecanismos de recepción de participación diferenciada para los pueblos originarios.
Las polémicas en el mundo Mapuche también han estado centradas en quien fue presidenta de la Convención Constitucional: Elisa Loncón. La académica ha estado en el ojo del huracán luego de que, tanto ella como la USACH y donde imparte clases, denegaran la entrega de antecedentes académicos que El Mercurio pidió a través al Consejo para la Transparencia.
Todo comenzó cuando el rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Juan Manuel Zolezzi, firmó un permiso sabático remunerado para que Loncón visitara distintas universidades en el extranjero, haciendo charlas magistrales sobre el proceso constitucional. Este permiso se hizo conocido en redes sociales e incluso algunos parlamentarios de Chile Vamos presentaron un oficio en Contraloría para aclarar la situación de la ex convencional.
Ante las críticas, Elisa Loncón acusó odio racial. La USACH, además de negarse a entregar antecedentes a El Mercurio, se sumó a los dichos de Loncón y especificó que existe un cuestionamiento público y discriminatorio hacia la profesora. Ante los hechos, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, respondió a los cuestionamientos de Loncón asegurando que el CPLT es un organismo que debe cumplir con la ley, argumentando que ese tipo de información debe ser de carácter público.
Ojo también con el pronunciamiento del Tricel y los llamados a Rechazar
Un tema que se zanjará la próxima semana son los recursos presentados ante el Tricel por posibles interpretaciones erróneas del principio de paridad y equivocaciones en los recuentos de votos. Una de los casos más complejos es lo sucedido en la región de Tarapacá, donde una consejera electa por Unidad para Chile fue remplazada por un republicano luego de haber enmendado “errores de tipeo”.
Un consejero más o uno menos para el Partido Republicano puede ser decisivo. Como actualmente esta compuesto el órgano, la colectividad podría, junto al apoyo de Chile Vamos, alcanzar los 2/3 y rechazar cualquier observación de la Comisión Experta en la etapa final de la redacción de la nueva constitución. En cambio, la pérdida de un escaño los obligaría a tender lazos con el oficialismo para esas instancias.
Sea como sea, el Tricel ha realizado un conteo de 26 mesas y hasta el momento se siguen resolviendo algunos votos. Una vez se tengan los resultados definitivos se cerrará oficialmente el proceso eleccionario. Y, en este sentido, la ceremonia de ratificación a los consejeros constitucionales se celebrará el 5 de junio, dos días antes del comienzo del organismo constitucional.
Esta ceremonia marcará posiblemente una diferencia con la de la pasada Convención Constitucional. En aquella oportunidad, solo había asistido el Presidente de la República y otros representantes de los poderes del Estado. Esta vez, el Tricel también citó a los consejeros electos, decisión con la cual no estuvo de acuerdo el Partido Republicano. La colectividad incluso envió una carta al organismo jurisdiccional solicitando un solo acto de asunción por “problemas logísticos y simbólicos”.
Pero incluso cuando todavía el nuevo órgano no se instala, y la Comisión Experta termina de redactar el anteproyecto, ya han existido llamados de algunos sectores políticos a rechazar la nueva constitución. Uno de ellos han sido los actores “outsiders» de izquierda, y con poca representación en esta segunda oportunidad constitucional. Y también han habido otras voces dentro de los mismos partidos de gobierno que ya adelantan que su opción será el rechazo.
El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, advirtió que, si en el plebiscito de salida el rechazo obtiene la mayoría, sería un fracaso que incluso traería consigo un riesgo para la estabilidad democrática. En esa misma línea se encuentran los consejeros constitucionales de su partido: concuerdan que este proceso no puede fracasar.
Pero también los llamados a rechazar han venido desde la derecha, específicamente desde el mismo Partido Republicano. Si bien se anticipaba que algo así podía suceder, las declaraciones del senador José Rojo Edwards remecieron la interna de la colectividad y puso en aprietos a José Antonio Kast. El parlamentario lidera un sector interno de la tienda (Un Militante Un Voto) que está en contra de la propuesta constitucional emanada por la Comisión Experta. De mantenerse así, aseguran, votarán rechazo en el plebiscito de salida.