La moción, patrocinada por los Diputados René Alinco, Gaspar Rivas y la Diputada Pamela Jiles, modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas y obligaciones contraídas en virtud de la ley N°20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

Los autores del proyecto de reforma constitucional señalan que el nivel de endeudamiento que en general tienen los chilenos llega a situaciones insostenibles. Según la OCDE, cinco millones de chilenos se endeudan con crédito sólo para poder comprar alimentos. 

Exponen que dentro de este problema, el modelo económico no deja afuera a aquellas personas que desean optar a una educación superior, ya que el Crédito con Aval del Estado (CAE) establecido por la Ley 20.027, sobre Financiamiento de Estudios de Educación Superior, ha contribuido con más de un millón de chilenos endeudados.

Agregan que la condonación a los chilenos de sus deudas originadas en función del CAE es una demanda tan sentida por la ciudadanía, que el Presidente Gabriel Boric la incluyó dentro de  su programa de gobierno. 

Explican que dicha condonación conlleva, en principio, que el Estado liberase a los usuarios del CAE, quedando únicamente éste obligado, en su calidad de aval, con la banca nacional. Sin embargo, el gobierno actual se resiste a llevar a cabo su promesa de condonación, aduciendo falta de recursos públicos para pagar a los bancos. 

En virtud de lo anterior, la iniciativa condona a los usuarios de las deudas del CAE y libera al Estado de su responsabilidad para con la banca.

El proyecto de reforma constitucional, de artículo único, introduce una nueva disposición transitoria a la Carta Fundamental, del siguiente tenor:

“Queda extinta, por el solo ministerio de la presente disposición transitoria, toda obligación que, entre el Estado de Chile, las instituciones bancarias y financieras y los usuarios del Crédito con Aval del Estado, hubiese nacido en  función de la Ley 20.027 sobre Financiamiento de Estudios de Educación Superior del año 2005. 

El Ministerio de Educación, cada año, determinará el valor máximo del arancel anual que las instituciones de educación superior pueden cobrar por cada carrera.” 

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

Vea Boletín N° 15961-07 y siga su tramitación aquí.