Probidad y transparencia de la gestión pública.
Proyecto de ley establece el deber de transparencia activa y pasiva para organizaciones privadas que reciban financiamiento público.
Con el fin de resguardar el interés de la nación frente al traspaso de recursos públicos para la ejecución de programas sociales, actividades o cualquier iniciativa de apoyo a la comunidad o a un grupo determinado de personas.
La moción, patrocinada por los Diputados Jorge Brito, Andrés Giordano, Jaime Sáez y las Diputadas Claudia Mix, Javiera Morales, Maite Orsini, Camila Rojas, Consuelo Veloso y Ericka Ñanco, modifica la ley N°20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para establecer el deber de informar respecto del financiamiento y aportes recibidos de privados.
Los autores del proyecto de ley señalan que es necesario incrementar los estándares de transparencia en cuanto a la organización y financiamiento de las personas jurídicas de derecho privado, tanto asociaciones (corporaciones) y fundaciones sin fines de lucro. Plantean que la Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, toman relevancia en esta materia.
Añaden que existe amplio consenso en la necesidad de avanzar en la modernización de los estándares de probidad y transparencia de la gestión pública. Sin embargo, advierten que, al momento de ejecutar políticas públicas, interactúan las organizaciones privadas que están fuera de la competencia de la Ley 20.285, aun cuando estas reciben financiamiento del Estado.
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