El Defensor Nacional Carlos Mora Jano, expuso ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional, para entregar su opinión acerca de la regulación de la Defensoría Penal Pública en la propuesta de nueva Constitución.
En la instancia, la máxima autoridad del organismo –quien estuvo acompañado por el Jefe de Estudios y Proyectos y el asesor legislativo del organismo, Pablo Aranda y Leonardo Moreno respectivamente- presentó todos los argumentos que sustentan la pretensión de autonomía de la institución que lidera, y la posibilidad de comparecer ante organismos internacionales encargados de dar tutela efectiva a los Derechos Humanos, como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humano. Todo ello, en defensa de los intereses de sus representados.
Durante su discurso, Mora Jano detalló que la Defensoría Penal Pública “es un servicio sometido a la supervigilancia del presidente de la República ejercida a través del Ministerio de Justicia”, enfatizando que “la dependencia del poder político de turno, deja a la institución en una situación desmejorada en comparación a los demás actores relevantes en esta materia, como lo son el Poder Judicial y el Ministerio Público”.
Asimismo, expresó que la Defensoría debe ser capaz de intervenir con autonomía y capacidad “para impactar en los debates legislativos que afecten derechos y garantías individuales, procedimientos y en general aquellos que busquen la modificación de la política criminal estatal, las definiciones de las políticas de seguridad pública y los debates y definiciones de la política de persecución penal, en tanto afecten derechos y garantías de las personas o el debido proceso de ley”, enfatizando que “es fundamental que Chile tenga una Defensoría Penal Pública autónoma”.
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Además, el Defensor Nacional destacó que “como Defensoría, tenemos un rol de custodios de debido proceso puesto que nos preocupamos de que se respeten los derechos y garantías de todas las personas, sin excepción”. En esa misma línea, explicó que su rol, además, es transversal, “es decir, defendemos a todas las personas, policías, funcionarios castrenses, defendemos a cualquier persona, ricos o pobres, y a aquellos que tienen capacidad de pago, la Defensoría les cobra a través de un sistema de arancel”.
Por último, aseguró que “la necesidad de dotar de autonomía a las Defensoría Penales Públicas, no es solo una demanda de la Defensoría de Chile, sino que es visualizada como un imperativo por los organismos multilaterales regionales y mundiales, puesto que ello “garantiza un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado, teniendo como mandato el interés de la persona defendida”.