En el marco de las enmiendas presentadas por el Consejo Constitucional, el oficialismo acusó de “perdonazo” la modificación que presentaron consejeros republicanos para cambiar la pena a arresto domiciliario para condenados que tengan más de 75 años o que padezcan una enfermedad terminal.

La enmienda, propuesta por las consejeras Mariela Fincheira, María Gatica, Beatriz Hevia, María de los Ángeles López, Carmen Montoya y el consejero Miguel Rojas –todos republicanos–, busca agregar un literal i), en el numeral 4 del artículo 16 del Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales.

“Las personas mayores de setenta y cinco años de edad o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición sólo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada, no representen un peligro actual para la sociedad.”, señala la enmienda. 

La medida beneficiaria a reos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Entre ellos, aparece Miguel Krassnoff, brigadier que ha sumado más de 900 años de condena por sus delitos de homicidio, secuestro, violación a los derechos humanos, entre otros.

Con todo esto, el ex Fiscal Nacional y abogado, Sabas Chahuán, manifestó al Diario Constitucional que la propuesta “avanza en una dirección correcta respecto al derecho penal humanitario, pero que debería excluir a personas que hayan cometido delitos considerados como lesa humanidad o genocidio”. 

“También, en el caso chileno, particularmente para evitar suspicacia, tal vez sería conveniente que la posibilidad del arresto domicilio se refiera a hechos cometidos después del año 2000, para evitar el fuerte cuestionamiento que ha tenido respecto a que es una norma ad hoc para que se dé libertad a los presos de Punta Peuco”, agregó.

La Iniciativa Popular de Norma

La idea de modificar esta materia, no solo es propuesta por los consejeros republicanos, sino que también, por la Iniciativa Popular de Norma N°6.007: “Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años”, la que contó con 12.443 apoyos de la ciudadanía. La iniciativa se enfoca en un “derecho a impetrar este beneficio apelando a principios del derecho humanitario”.

La propuesta, que tiene como autor al exoficial de la Armada de Chile entre 1970 y 1984 –retirado como capitán de navío– y miembro de la mesa directiva de Cosur Chile, Enrique Cordovez, modifica el artículo 16, en su numeral 4, para agregar en el inciso f) que “los mayores de 75 años pueden impetrar el cumplimiento alternativo de pena mediante reclusión domiciliaria total”. 

De esta forma, tanto la enmienda republicana como la IPN buscan dar un “perdonazo” –como fue catalogado por el oficialismo– a una cantidad de reos, entre ellos, condenados por delitos de lesa humanidad perpetrados en la dictadura.