Una semana, ni tan agitada, ni tan relajada, aunque sin parar de trabajar. La previa para las discusiones de fondo se comienza a acabar, y a la espera de las votaciones, cada sector toma su posición frente al debate. La derecha se muestra tranquila para alcanzar puntos que, según algunos, se inclinan a ser ideológicos, mientras que desde el oficialismo entablan rumbo fijo en defender el anteproyecto y en el caso de no llegar a acuerdos con la oposición, el rechazo a la propuesta constitucional, algo que hoy es solo una especulación política, se podría convertir en una realidad.

Todo esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional.

Desafección ciudadana e inclinación en diciembre

Las reacciones, luego de las enmiendas, no se han hecho esperar. Así lo comenzó a demostrar la penúltima encuesta Cadem de julio, la cual estuvo centrada en el anteproyecto de nueva Constitución.

Según la encuesta, algunas enmiendas que fueron bien recibidas y apoyadas por la ciudadanía son la reducción de la Cámara de Diputadas y Diputados de 155 a 132 integrantes (90%); reducir la cantidad de senadores (89%); libertad en la elección de la salud (89%); y la libertad en elección en la administración de los ahorros previsionales (86%).

En tanto, enmiendas como que no sean considerados como chilenos los hijos de inmigrantes que se encuentran en situación irregular (52%) y el derecho al voto voluntario desde los 16 años (64%) cuentan con menos apoyo.

El rechazo en el plebiscito constitucional es una opción que comienza a aparecer en la ciudadanía. Así lo demostró dicha encuesta que estimó que un 26% votaría a favor de la propuesta –un 39% luego de leer los contenidos del texto– y un 57% se inclinaría por el rechazo, cifra más alta hasta ahora.

La desafección ciudadana y su reacción, también, se sumaron como aristas a analizar en el actual proceso. Mientras la encuesta Cadem evaluaba los –posibles– porcentajes del Apruebo y Rechazo para el plebiscito de diciembre, el Centro de Estudios Públicos (CEP) hizo lo propio midiendo el interés ciudadano, algo que fue dado a conocer mediante el Estudio Nacional de Opinión Pública N°89, junio-julio 2023.

El interés no es alto. La mencionada encuesta cifró un 49% que no está interesado en el proceso, un 22% está bastante interesado y 27% está algo interesado. En tanto, la evaluación del actual proceso no es la mejor para las y los encuestados.

Los resultados destacan que un 37% evalúa el proceso constitucional como “mal o muy mal”, un 37% como “ni bien ni mal” y un 19% “muy bien”. En cuanto a esta última cifra, los hombres entre 45 y 59 años y habitantes de zonas rurales son quienes mejor evalúan dicho proceso.

Ahora bien, así como reacciona la ciudadanía, el conglomerado político también lo hace. Sin embargo, este último grupo fija sus miradas en las enmiendas presentadas en el Consejo Constitucional.

Diversas reacciones

Las reacciones han calado hondo al punto de considerar que los derechos humanos, mediante ciertas enmiendas, se encuentran en peligro. Entre estos temas está la búsqueda de que los tratados internacionales de Derechos Humanos posean rango infraconstitucional, la creación de un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, el derecho a la protección de la vida desde la concepción y el aumento de quorum para modificar la Constitución.

Por otro lado, el dilema respecto a los pueblos indígenas –principalmente con el pueblo Mapuche– y el Estado de Chile no es un secreto. Así, el Gobierno de Gabriel Boric levantó la Comisión por la Paz y el Entendimiento, entidad creada que busca una salida –solución– al conflicto entre dichos involucrados.

Sin embargo, una enmienda propuesta por representantes de derecha busca crear una “Comisión de Reparación y Buena Convivencia”, entidad que abordaría esta misma materia. Esto provocaría borrar del mapa a la actual comisión.

Así fue abordado por el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien manifestó que “están borrando con el codo lo que escribieron con la mano”. Al legislador se suma la diputada Emilia Nuyado (PS), quien afirmó que de aprobarse esta enmienda, la tensión en el sur del país puede verse incrementada.

Otra reacción vino desde el mundo judicial, puesto que el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán reaccionó a la enmienda que proponen republicanos de dejar en arresto domiciliario a condenados que tengan más de 75 años o una enfermedad terminal.

Sus palabras fueron que la enmienda “avanza en una dirección correcta respecto al derecho penal humanitario, pero que debería excluir a personas que hayan cometido delitos considerados como lesa humanidad o genocidio”.

No obstante, el abogado planteó una posible indicación que –quizás– podría ser tomada por las y los consejeros. “En el caso chileno, particularmente para evitar suspicacia, tal vez sería conveniente que la posibilidad del arresto domicilio se refiera a hechos cometidos después del año 2000, para evitar el fuerte cuestionamiento que ha tenido respecto a que es una norma ad hoc para que se dé libertad a los presos de Punta Peuco”, comentó.

Desde la vereda del oficialismo las reacciones son variadas. Una de las más fuertes fue la especulación política de un –posible– posicionamiento del rechazo al actual proyecto constitucional. ¿Qué pasa si el PC va por el rechazo? Esa es una de las interrogantes. ¿La respuesta? Tendría efectos en como el Gobierno se presenta ante el proceso constituyente y, por consiguiente, podría tener repercusiones en la relación de los partidos oficialistas.

Las reacciones al proceso constituyente hicieron mirar al pasado. Así fue como Gaspar Domínguez, expresidente de la Convención Constitucional y ex constituyente, puso paños fríos al revuelo que existe por las enmiendas e instó a tomar posiciones luego que estas sean votadas.

“Creo que si cometemos los mismos errores vamos a tener los mismos resultados”. Ese fue uno de los comentarios que destacó Domínguez. Asimismo, encontró que el texto emanado pro la Comisión Experta “fue muy razonable en cuanto a proponer un texto que entregaba ciertas herramientas que permiten gobernabilidad y seguir avanzando sin un tinte político que cierre discusiones”.

Consejo Constitucional

Las enmiendas dejaron dividido al Consejo. El oficialismo por su parte debió tomar un plan de acción sobre cómo llevar adelante el debate de las más de mil enmiendas. Pero, ¿Qué ha resuelto el oficialismo? La bancada de 22 consejeros del Partido Republicano, quienes son la mayoría, demostraron interés en dialogar sólo con una parte de la izquierda: la bancada socialista.

Sin embargo, el PS notificó a los consejeros republicanos que la única negociación que harían sería con el “bloque unidad”, el cual agrupa a los 17 escaños oficialistas. La bancada republicana acusó recibo de esta propuesta, pero aún no determinan cómo llevarán a cabo la discusión de las enmiendas.

Además, el oficialismo propuso crear una nueva instancia para la discusión de enmiendas. Una mesa con un representante de las ocho colectividades más el escaño indígena. Esta idea no le gustó a cierta parte de la oposición, quienes consideraron que es innecesario crear otra instancia que funcione en paralelo a la de los delegados.

Por su parte, la bancada de Chile Vamos, se prepara para jugar un rol clave: ser el puente entre el partido de José Antonio Kast y el oficialismo. Tanto desde la UDI, como Evópoli y RN, aseguran que su misión es abrir el diálogo y construir un texto que no deje afuera a ningún sector.

Pero hablemos un poco acerca de las enmiendas. El oficialismo quedó descontento con las indicaciones ingresadas por los republicanos, ya que muchas de ellas ponen en peligro el Estado Social y Democrático de Derecho, el reconocimiento de los Derechos Humanos, entre otros. Sin embargo, no son los únicos que piensan esto.

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), estimó que el carácter identitario de las enmiendas propuestas por los republicanos, hacen casi imposible llegar a acuerdos transversales. Además, los investigadores aseguraron que muchas de las enmiendas de ultraderecha contradicen las bases institucionales.

Con respecto a este tema, el oficialismo no se quedará de brazos cruzados. El pacto reclamará ante la Corte Suprema por la intención de añadir capítulos al anteproyecto, lo cual es contrario al reglamento. Pero no solo va contra las reglas, sino que también para la izquierda es impensable que se cree un capítulo específico para las Fuerzas Armadas de Órden y Seguridad, justo en el año que se cumplen 50 años del Golpe de Estado.

Otra traba que enfrenta el Consejo Constitucional es la consulta indígena, la cual debía realizarse para tomar en cuenta la opinión de los pueblos originarios sobre las tres enmiendas realizadas que les afectan. En un comienzo, la Comisión Experta determinó que era el Consejo el que debía llevarla a cabo. Sin embargo, el Consejo Constitucional determinó que carece de las atribuciones legales y constitucionales para realizarla.

Ante la negativa sobre la consulta indígena, Alihuen Antileo, único representante de pueblos originarios en el Consejo, expresó que esta decisión “representa un retroceso en el sentido de que demuestra un cierto grado de intransigencia política y de imposición de mayoría numérica, lo que impide que se escuche la opinión de los distintos pueblos indígenas sobre esta materia”.

Mientras que el oficialismo por completo se encontraba a favor de realizar la consulta, Chile Seguro y Republicanos se alinearon para rechazarla. Para Alihuen, esta situación afecta el clima de entendimiento y consenso para redactar una nueva Constitución.

La visita de Piñera 

El acercamiento de los exmandatarios el Consejo Constitucional ya es un hecho. Uno de los que visitó el órgano redactor fue el expresidente Sebastián Piñera, quien expuso en sesión de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado.

“Esta es la ley magna, que enmarca la acción y el desarrollo de los distintos agentes de una sociedad. Debe definir valores, establecer derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, además de organizar el Estado”, manifestó Piñera.

El exmandatario, en su presentación, abordó el anteproyecto presentado por la Comisión Experta y recordó el Estallido Social. Posterior a ello, las y los consejeros constitucionales le hicieron preguntas sobre seguridad, tratados internacionales y la extensión de los periodos presidenciales.

Asimismo, el exjefe de Estado instó a las y los consejeros a llevar un trabajo conjunto para alcanzar una propuesta constitucional. “Saquemos los prejuicios de la cabeza de que el otro es malvado y tengan presente que este acuerdo va a pasar por la ciudadanía. Es tarea de ustedes promover su trabajo y convencerlo de ir a votar”, comentó.

A lo anterior, manifestó la preocupación que tiene más de un sector: Fracasar. Aunque, Piñera, elevó su discurso considerando que “no podemos fracasar en esta segunda y creo que última oportunidad”.

Además, valoró diversos puntos del anteproyecto, entre ellos, el umbral del 5% para que los partidos políticos puedan optar a escaños en el Congreso y la elevación de quorum para que el Senado apruebe acusaciones constitucionales. Sumado a ello, simpatizó con la enmienda de reducir los escaños parlamentarios. Ahora bien, le generó inquietud que la elección parlamentaria se alineara con la segunda vuelta presidencial.

De esta forma, Sebastián Piñera es el primer expresidente en visitar el Consejo Constitucional. Ahora es turno de Michelle Bachelet, exjefa de Estado, que tiene agendada la visita para el lunes 7 de agosto.