Tras la presentación de enmiendas donde Republicanos y Chile Seguro buscan crear nuevos capítulos en el anteproyecto, el oficialismo decidió acudir a la Corte Suprema, puesto que consideran que dichas enmiendas no se ajustan al reglamento. 

Desde la derecha, dos enmiendas presentadas buscan agregar un capítulo titulado «Defensa Nacional»; otras dos plantean tener un capítulo especial para la seguridad interior; y por último, los partidos de RN y Evópoli pretenden sumar un capítulo específico titulado «Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas», apartado qué hoy está integrado en el Capítulo IX sobre el Ministerio Público. 

Sin embargo, desde el oficialismo la disconformidad fue evidente, puesto que desde el sector acusador señalan que, según el artículo 71 y 72 –normas que regulan la admisibilidad e inadmisibilidad de las enmiendas– del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional, las enmiendas no se deberían permitir.

El artículo 71, inciso 1 señala que “los consejeros tendrán el plazo de cuarenta días, contado desde la recepción del anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, para formular enmiendas para aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución o solicitar votación separada de sus normas, la que solo procederá respecto de incisos, literales u oraciones”.

Mientras que el artículo 72, inciso 1 es la piedra de tope para la oposición, dado que consagra que “la Mesa Directiva o quien presida una comisión no admitirá a tramitación las enmiendas o propuestas de nuevas normas que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior, las sustitutivas globales de un capítulo, ni las que sean formuladas por los mismos autores en calidad de subsidiarias”.

Sin embargo, al parecer, eso no fue obstáculo para que Republicanos y Chile Seguro presentase las enmiendas que buscan crear nuevos capítulos respecto a seguridad, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y sobre el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

La posición que tomó el oficialismo fue argumentada por la consejera constitucional, María Pardo (CS), quien mencionó al Diario Constitucional que “es muy necesario que las chilenas y chilenos podamos vivir en ambiente seguro, libre de violencia y con tranquilidad. Eso incluye que las víctimas tengan un debido acompañamiento y que nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad tengan las facultades y herramientas necesarias para hacer frente al fenómeno delictual. Desde nuestro punto de vista, todo esto, no se logra con un capítulo extra. Eso lo vemos relacionado con las intenciones comunicacionales y políticas. Presentamos enmiendas sobre seguridad que demuestran nuestra preocupación por solucionar los problemas concretos de las personas en materia de seguridad”.

Respecto de la reclamación presentada, la consejera manifestó que “nosotros buscamos que se respete la idea de que todos los sectores puedan tener representación, no solo uno. Si se acepta que se presenten capítulos por separado, eso nos excluye de la posibilidad de introducir enmiendas y lo que hace es que solo podamos aprobar o rechazar las propuestas que presenta la contra parte, porque el plazo para presentar enmiendas ya se terminó”.

“Es muy importante tener presente el orden en que se da lugar a la discusión de acuerdo con el reglamento. La Comisión Experta presentaba los capítulos de la propuesta constitucional –esa es la estructura que estaba establecida en el reglamento– en el caso del Consejo Constitucional, no existe esta posibilidad», afirmó. 

Asimismo, añadió que “deberíamos estar concentrados en discutir las enmiendas que se refieren a los artículos presentados en el anteproyecto (…) y no desordenando el proceso, intentando cambiar las oportunidades que el reglamento considero para efecto de ordenar la manera en que se lleva a cabo el proceso”.

En tanto, el consejero constitucional, Antonio Barchiesi (Republicanos) manifestó que “la izquierda le ha dicho al país que no quieren una Constitución de la Seguridad. Mientras el crimen, el narcotráfico y la violencia avanzan sin control, los consejeros del Gobierno deciden recurrir a la Corte Suprema para eliminar los capítulos de Seguridad, Defensa y Protección a las víctimas”.

“Los chilenos nos han dado un mandato claro en septiembre y en mayo: son millones los que quieren volver a vivir en paz, y es inaceptable que la izquierda, liderada por el Partido Comunista, impida una Constitución con más seguridad para todos los chilenos”, agregó.

De esta forma, el consejero concluyó haciendo “un llamado a los consejeros del Gobierno a tener un mínimo de empatía, a ponerse en el lugar de tantos chilenos que han sido víctimas de la delincuencia, y en consecuencia a retirar este requerimiento”.