En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto, el presidente Boric firmó el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia para su implementación.
El Plan Nacional De Búsqueda Verdad y Justicia se elaboró en base a tres objetivos:
1. Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero.
Para lo cual de ha propuesto:
- – Reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final.
- – Avanzar en el establecimiento de verdad judicial y extrajudicial, responsabilidades criminales en torno a la comisión de los crímenes asociados a la desaparición forzada de personas en la dictadura.
- – Ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada.
2. Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
Que incluye las siguientes acciones:
- – Promover la participación informada en los procesos de búsqueda a través de mecanismos efectivos.
- – Rendir cuentas a la sociedad sobre los procesos de búsqueda
3. Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada
A través de las siguientes acciones.
- – Promover la memoria en torno a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y las respuestas sociales a ellas.
- – Brindar atención integral (biopsicosocial) en procesos de búsqueda a familiares de personas víctimas de desaparición forzada.
- – Desarrollar medidas de sensibilización y promoción sobre desaparición forzada dirigidas a la sociedad.
Se espera que el plan trace la ruta de la desaparición de las víctimas, colabore con las investigaciones judiciales y ayude a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.
Este plan contará con una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado.
Para la preparación del plan se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades.
El plan también contó con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.
Diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, han llegado a estimar sin certeza 1469 Víctimas de desaparición forzada (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y 377 personas ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos.
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A la fecha se ha logrado establecer responsabilidades penales respecto de la desaparición forzada de víctimas, condenando a agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades. Estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.