El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera; la ministra integrante de la Comisión de Notarios Públicos Dobra Lusic; el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes Purrán; el director Regional Metropolitano de Gendarmería de Chile; coronel Hernán Villarroel Camilo; y el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile , Carlos Swett Muñoz, participaron de la firma del protocolo que busca entregar a un importante grupo de privados de libertad la posibilidad de hacer trámites registrales y notariales desde los penales, garantizando así sus derechos.
Este acuerdo, convenido con la colaboración y apoyo de la Comisión de Notarios de la Corte de Apelaciones de Santiago, se hace cargo de la necesidad de concurrir a cárceles de la jurisdicción a ser ministros de fe de estas diligencias y además a cobrar un monto menor al valor de arancel.
Para el presidente de la Corte de Apelaciones, “las personas que están privadas de libertad, están efectivamente, o por decisión de un juez de garantía, mientras se resuelve su situación, o están condenadas a esa pena de presa de libertad, pero no a otras penas, no están condenados a no poder hacer escrituras, a no poder firmar documentos, a no poder hacer lo que estimen conveniente con sus bienes, con su vida privada, en la medida que no sea contra la ley”.
En tanto la ministra Dobra Lusic, quien fue la promotora de este convenio debido a su cargo de integrante de la Comisión de Notarios de la Corte de Apelaciones, explicó que “se trataba de unificar criterios para poder asegurar a los reclusos, las personas que están privadas de libertad, sean personas que están con juicio pendiente o ya condenadas que pudieran realizar algunas diligencias que requieren la presencia de un ministro de fe, particularmente en materia de familia, donde más se da. Estamos muy contentas con el trabajo realizado y con el resultado obtenido”.
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El convenio permitirá realizar diferentes trámites, como autorizaciones para hijos o hijas de privados de libertad que quieran viajar fuera del país, conciliaciones, acuerdos de pensiones alimenticias, entre otros.
El director Regional Metropolitano de Gendarmería de Chile, coronel Hernán Villarroel, resaltó el impacto de esta medida: “Sólo en la Región Metropolitana hay cerca de 19 mil personas privadas de libertad. Gran parte de estas personas privadas de libertad van a ser beneficiadas con este protocolo que hemos estado trabajando. Van a realizar con algunos conceptos de gratuidad, trámites civiles que ellos necesitan hacer para poder reinsertarse bien en la sociedad”.
“A nosotros es un honor estar acá, es un agrado poder ayudar a las personas privadas de libertad sobre todo a sus hijos, que son los que sufren, a sus cónyuges, y estamos a total disposición, estamos para cualquier iniciativa que requieran la Corte de Apelaciones y el Poder Judicial”, dijo el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Carlos Swett.
El protocolo fue impulsado por las ministras de la Corte de Apelaciones de Santiago e integrantes de la Comisión de Notarios Públicos, Dobra Lusic Nadal y María Paula Merino Verdugo.