El proyecto de ley, iniciado por Mensaje el Presidente de la República, propone la creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.
La iniciativa, que consta de 34 artículos permanentes y 7 artículos transitorios, procura asegurar que el Presidente de la República disponga de la información necesaria y objetiva respecto de cómo se están llevando a cabo las políticas y lineamientos gubernamentales y del nivel de cumplimiento de los objetivos de eficiencia, eficacia y economicidad propios de la gestión, para servir de apoyo en la mejora de las operaciones y procesos en la Administración del Estado, colaborando al cumplimiento de sus metas, a través de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la gestión de riesgos y el control interno.
Para cumplir con tal finalidad el proyecto de ley crea un servicio público encargado de la auditoría interna gubernamental (SAIG). De ese modo se persigue fortalecer el carácter técnico e independiente de la auditoría general gubernamental y su institucionalidad. Asimismo, se fortalecen las labores de la auditoría gubernamental entregándole más facultades, junto con robustecer las unidades de auditoría interna de la Administración del Estado. También establece una Política de Auditoría General de Gobierno. Crea un Consejo Consultivo de Auditoría Interna y reconoce la Red de Auditoría Interna.
El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, se estructura como un servicio público, descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (Art. 1).
El objeto del Servicio, de acuerdo con el artículo 2, será colaborar para agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, a través de actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, que contemplen el análisis de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.
En cuanto al ámbito de acción del Servicio de Auditoria, el proyecto de ley se aplicará a los órganos de la Administración del Estado señalados en el inciso segundo del artículo 1º la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público, el Servicio Electoral, el Consejo para la Transparencia, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades, las empresas públicas creadas por ley y las instituciones de Educación Superior de carácter estatal.
El proyecto de ley incorpora nuevas funciones y atribuciones a la normativa actual, para fortalecer las labores de auditoría interna, gestión de riesgo, control interno y gobernanza, a fin de garantizar que el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno colaborare, agregue valor y efectúe un control preventivo respecto a los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado.
La iniciativa legal plantea que la auditoría interna gubernamental sea una política de largo plazo, que trascienda los gobiernos de turno. Para ello se debe aprobar la Política de Auditoría General de Gobierno, que será el instrumento que contenga los lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos de la Administración del Estado.
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El jefe superior del Servicio, encargado de su dirección, organización y administración será el Auditor General de Gobierno, que será elegido de acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública y ejercerá las funciones y atribuciones que el proyecto de ley le asigna. Junto a él habrá un Consejo Consultivo, cuya función será asesorar al Auditor General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos, que estará constituido por tres personas de vasta experiencia profesional y/o académica comprobada en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y/o gestión de riesgos. Los designa Presidente de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública, y durarán tres años en sus cargos a contar de su nombramiento, pudiendo prorrogarse.
Las anteriores son la principales normas que contiene el proyecto de ley que inició su tramitación en la Cámara Baja.
Vea mensaje, discusión y análisis Boletín Nº16316-05.