La Cámara aprobó, por 81 votos a favor, 40 en contra y 13 abstenciones, una resolución que solicita al Primer Mandatario tomar las medidas necesarias para asegurar el correcto uso de los recursos fiscales dirigidos a la protección personal de Carabineros. Por otra parte, insta a establecer mecanismos de denuncia, fiscalización y sanción al respecto, que protejan a las y los funcionarios denunciantes.
En tal sentido, el documento señala que ha aumentado el poder de fuego en manos de la delincuencia. Precisa que tanto en medios de prensa cómo en redes sociales se exhibe el uso de armas de grueso calibre e, incluso, explosivos. Ello tiene claros fines delictuales e intimidatorios.
Agrega que este fenómeno debe ser enfrentado con decisión y desde su raíz. En tal sentido, corresponde a los organismos de Policía e Inteligencia desbaratar las bandas que hacen accesible el armamento de guerra a los criminales.
Se sostiene que las fuerzas policiales y de orden público necesitan actualizar su equipamiento, sobre todo de protección policial. Al respecto, el personal de Carabineros debe sentirse resguardado en su accionar ante los peligros que enfrenta en el ejercicio de sus funciones.
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Sin embargo, preocupa que diversos estamentos han cometido fraudes con fondos destinados a Carabineros, afectando con ello, la calidad, disponibilidad, actualización y mantención de los elementos de protección.
Al respecto, se recuerda el caso “Pacogate” con una defraudación de las arcas fiscales que se estima en 28 mil millones de pesos. En este marco se da cuenta de irregularidades en la licitación, evaluación técnica y adquisición de chalecos antibalas, lo que pone en riesgo la vida de los carabineros.
Todo lo anterior, justifica que el Ejecutivo tome medidas al interior de la institución policial. Por un lado, para asegurar el buen uso de los recursos fiscales dirigidos a la Protección Personal de Carabineros. Pero, por el otro, establecer mecanismos de fiscalización y sanción, que resguarden la integridad y anonimato de funcionarios que denuncian irregularidades.
Los autores del texto son Félix Bugueño, Mercedes Bulnes, Luis Alberto Cuello, Viviana Delgado y Marcela Riquelme.