No es la acción de protección el cauce procesal idóneo para pronunciarse sobre el mérito y pertinencia de una resolución dictada por un árbitro.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de un Juez Arbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, por ordenar el embargo de bienes de una sociedad por acciones.

El recurrente expone que, con ocasión de la insuficiencia de bienes para cubrir las acreencias de una sociedad limitada, el árbitro amplió la orden de embargo por la suma de $5.106.469.- en contra de la recurrente -SpA- sociedad resultante de la división acordada por la junta extraordinaria de accionistas, en circunstancias que la sociedad por acciones no forma parte del respectivo pacto arbitral, lo cual consta por el hecho de que no fue emplazada ni se le concedió traslado, es decir, es ajeno a dicho juicio y al compromiso, por cuanto no suscribió el pacto de accionistas, ni la cláusula arbitral en él contenida, por lo que embargar bienes ajenos deviene en ilegal.

En mérito de ello, estima que el recurrido al atribuirse jurisdicción para dictar una sentencia coercitiva, en cuanto fue ejercida respecto de un tercero totalmente ajeno al juicio, cuya materia por lo demás es totalmente ajena a la cosa pedida al declarar la inoponibilidad de un contrato, respecto de la cual carecía de competencia, toda vez que los árbitros no pueden pronunciarse sobre la nulidad o inoponibilidad de un acto y tampoco pueden pronunciarse sobre materias incomerciables, vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a un juez natural, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, el derecho a asociarse sin permiso previo y el derecho de propiedad, como así también los artículos 6 y 7 de la Constitución, pues el recurrido no se encuentra autorizado para afectar el derecho de dominio, por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución que ordenó ampliar el embargo en contra de la recurrente.